La Fiscalía pide 23 años de cárcel para el principal acusado de la trama Defex en Camerún

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el escrito por el que acusa a los responsables de la trama de corrupción de la empresa semi pública comercializadora de armas Defex, en la república africana de Camerún.

Según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional, el fiscal reclama 23 años de cárcel para quien fuera director comercial de Defex, Manuel Iglesias, por delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, malversación, blanqueo y falsedad documental. También pide 18 años para los empresarios Francisco Luque y Óscar López por los mismos delitos. Además solicita a la empresa hoy disuelta, participada en un 51 por ciento por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el pago de más de 113 millones de euros entre multas y decomisos.

La de Camerún es solo una pieza más, junto a las de Angola, Brasil o Arabia Saudí entre otras, de las investigadas por la Audiencia Nacional, pero revela una red de sobornos en África que se extendió entre 2005 y 2014 a varios países y ofrece detalles significativos, como el pago con dinero público de una mamoplastia en Barcelona a la esposa de un contraalmirante camerunés para facilitar la obtención de un contrato; servicios médicos y regalos a cuenta del erario público para otros funcionarios de ese país; o mordidas al actual presidente del Comité Olímpico de Argelia; al ministro de Pesca del Senegal; o a un representante de la misión permanente de Gabón ante las Naciones Unidas.

Un “Facilitador” fugado que cobró 14.9 millones en mordidas

La red también tuvo un intermediario, el camerunés Philippe Bourcier, quien se autodenomina como “el Facilitador” de los contratos y cobró comisiones por ellos de 14.9 millones de euros, principalmente en Suiza. En la actualidad está fugado de la justicia y pesa sobre él una orden de detención internacional.

El principal contrato por el que se investiga a Defex en Camerún es un sistema de vigilancia costera de este país por 103 millones de euros, mediante el que la empresa semi pública española se comprometía a aportar lanchas rápidas, sistemas de radar, ametralladoras de hasta 50 mm, así como lanza granadas y 9.000 granadas entre diverso armamento.

Un “recauchutado” con dinero público para la esposa del contraalmirante

El contrato fue concedido sin concurso por la mediación del “Facilitador” Bourcier y supuestamente, también por los sobornos abonados con dinero público por parte de Defex a las principales autoridades implicadas. Al director camerunés del proyecto, el contraalmirante Pierre Njine Djonkam, le transfirieron 14.000 euros y recibió diversos regalos. Su esposa, Veronique Mbei, fue operada de una mamoplastia en Barcelona en 2014 a cuenta del erario público español. El pago está fuera de toda duda. Los investigadores han encontrado correos electrónicos al principal acusado, el director comercial de Defex, Manuel Iglesias, quien pide a uno de sus colaboradores “diluir” o camuflar los regalos al matrimonio para darles apariencia de legalidad. Entre ellos, la operación de cirugía estética a la esposa del contraalmirante, intervención quirúrgica a la que se refiere como “recauchutado”.

Más adelante, Iglesias deja las cosas claras por correo a otro de sus colaboradores: “por supuesto que los gastos médicos del almirante y de Veronique Mbei son aceptados” y abonados desde Defex.

Autoridades de hasta cuatro países africanos sobornadas

Otras autoridades sobornadas según los investigadores por este y otros contratos en África son el actual presidente del Comité Olímpico de Argelia, Mustapha Berraf, quien recibió 7.027,93 euros; Oumar Gueye, ministro de Pesca y Economía Marítima de Senegal, que recibe transferencias por 9.973,02 euros; Manuel Lembouma, miembro de la misión permanente de la República de Gabón ante las Naciones Unidas, sobornado con 4.285,71 euros; Jean Bernard Avouma, asesor especial del presidente de la República de Gabón, un total de 18.697,48 euros; Jean Calvin Momha, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Camerún, con 27.000 euros; o Johny Razak, director de la secretaría general del Primer Ministro de Camerún, quien recibe una transferencia de 3.030 euros.

En total, las autoridades y funcionarios africanos supuestamente sobornados por Defex percibieron entre 2005 y 2014 más de 404.000 euros, a través de las cuentas del “Facilitador” Bourcier.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenará ahora la apertura de juicio oral una vez conocida la acusación de la fiscalía y la solicitud del resto de partes del proceso.