El Tribunal Supremo revisa las condenas por la paliza de Alsasua

Madrid

Este miércoles el Tribunal Supremo revisa las condenas de hasta trece años de cárcel a los ocho jóvenes acusados de pegar una paliza a dos agentes de la Guardia Civil y a sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016. Una vez descartada la acusación por terrorismo que impulsó la Fiscalía, las defensas de los acusados pedirán al alto tribunal que reconsidere las condenas por delitos de atentadp, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

El caso ha llegado al alto tribunal después de dos sentencias de la Audiencia Nacional y con condenas de entre dos y trece años de prisión para los ocho acusados de perpetrar esta paliza en el bar Koxka de la localidad tras reconocer a los acusados como agentes de la Guardia Civil. La paliza se saldó con contusiones, fracturas y cuadros de ansiedad en algunas de las víctimas.

Los jueces, con Vicente Magro como ponente, estudiarán los recursos de los acusados, que combaten no sólo los años de cárcel impuestos sino también, entre otras cosas, las ruedas de reconocimiento en las que las víctimas de la agresión les señalaron como autores de los golpes e insultos. "Ante el Supremo la revisión de los hechos es un cauce más estrecho, el énfasis está puesto en la irregularidad de las pruebas que ha llevado a la identificación", explica a la Cadena SER Jaime Montero, abogado de uno de los acusados.

Las condenas impuestas por la Audiencia Nacional y ratificadas por la sala de apelaciones ascienden a trece años de cárcel en el caso de Ohian A.C, de doce años para Jokin U.G y Adur R.P, diez años para Iñaki A.O, nueve para Jon Ander C.A, Julen G.L y Aratz U.O y dos años para Ainara U.C. Fiscalía y acusaciones populares se han limitado a pedir al Tribunal Supremo que confirme sus condenas.

No fue terrorismo

El caso ha llegado al alto tribunal después de que la Fiscalía pidiera, en un primer momento, condenas de hasta 62 años de prisión para alguno de los acusados por delitos relacionados con el terrorismo, una acusación de la que el Ministerio Público ha terminado por desistir. Una acusación, según la Justicia, basada en un "informe de inteligencia" de la Guardia Civil y que ha llevado a los jueces a concluir que "la acción llevada a cabo por los procesados no ha de ser calificada como una acción terrorista".

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Para la Audiencia Nacional "no cabe la menor duda de que se llevó a cabo en razón a la profesión" de guardia civil de dos de las víctimas, por lo que decidieron aplicar el agravante de discriminación, señalando que fue "una actitud de brutalidad" pero destacando que no existe "una vinculación real y verdadera de los procesados con la banda terrorista ETA".

El testimonio de las víctimas

En esta fase del proceso el Tribunal Supremo escuchará, en vista pública, los argumentos de defensas y acusaciones aunque sin que tengan que intervenir o estar presentes condenados y víctimas. La Cadena SER reveló las declaraciones de las víctimas en abril de 2018 en fase de instrucción: una de ellas declaró sentirse "sola y humillada" y acosada en el pueblo, hasta el punto de considerar que "quitarse de enmedio" era "la única salida para acabar con esto".