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Lunes, 16 de Diciembre de 2019

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El Gobierno impugnará las resoluciones aprobadas por el Parlament contra la Guardia Civil y en favor de la amnistía

El Parlament ha aprobado la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña

La cámara también ha aprobado trabajar por la amnistía de los presos si hay sentencia condenatoria por el 1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra. / ()

En un comunicado, el Gobierno ha anunciado que va a impugnar varias resoluciones aprobadas este jueves por el Parlament de Cataluña. En concreto, desde la Moncloa se refieren a la que insta a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía de los presos en caso de sentencia condenatoria por el 1-O así como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña. "Queremos trasladar que el Gobierno está estudiando su contenido para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones", dice el texto.

Este es el comunicado íntegro: 

Ante las resoluciones aprobadas esta tarde por el Parlament de Cataluña, referidas al compromiso de la Cámara catalana a liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O; la que insta a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos con petición de amnistía total, así como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña, queremos trasladar que el Gobierno está estudiando su contenido para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones.

Qué ha aprobado el Parlament

El Parlament de Cataluña ha aprobado con los votos a favor de JuntsxCat, ERC y la CUP, una resolución en la que se pide la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña, así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.

En la segunda y última jornada del debate de política general en el Parlament, el pleno ha aprobado esta resolución con los 65 votos a favor de JuntsxCat, ERC y la CUP, ocho abstenciones de En Comú Podem y 56 votos en contra de Ciudadanos, el PSC y el PPC.

La resolución, impulsada inicialmente por JuntsxCat y ERC, defiende "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil, dado que se han mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales". Asimismo, el texto aprobado reclama la "dimisión inmediata" de la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, por ser "manifiestamente incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Según denuncia la resolución, "se ha abusado de la legislación impulsada bajo la excusa de combatir el terrorismo, con tal de atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta y la disidencia". Por ello, reclama que "se detengan las operaciones policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" que impliquen una "utilización especulativa y arbitraria de los tipos penales asociados al terrorismo con tal de reprimir el activismo social y político".

Además, el Parlament "denuncia un Gobierno español y una cúpula del poder judicial manifiestamente sesgada y que actúa claramente preocupada por garantizar la razón de Estado e imponer sus propios sesgos ideológicos".

Otra de las medidas a las que se ha comprometido el Parlament es a trabajar para conseguir la amnistía de los presos del 1-O. Esto es lo que contenía otra propuesta de resolución conjunta de JuntsxCat, ERC y la CUP. La iniciativa, que se ha votado en el Debate de Política General, ha sido aprobada con 68 votos a favor de JuntsxCat, ERC y la CUP, 57 votos en contra de Cs, PSC y el PP, y 8 abstenciones de los comuns.

Con esta resolución el Parlament también se conjura para "liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales cívicos y políticos, las libertades y el ejercicio del derecho de la autodeterminación" si la sentencia del Supremo es condenatoria.

También llama al ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, "siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas" en caso de que se condenen a los presos soberanistas. Además, se ratifica en "la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña".

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