Tribunales

Los condenados y huidos del Procès se enfrentan ahora al Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O

La sentencia del procés se unirá a la instrucción que el organismo fiscalizador abrió el pasado mes de julio

El fallo del Supremo cifra en 1,9 millones de euros la partida del referéndum del 1-O

La cifra podrá ser mayor ya que el tribunal investiga otras partidas y gastos

Carles Puigdemont / Jasper Jacobs/BELGA/dpa Jasper Jacobs/BELGA/dpa

Madrid

La sentencia del procès deja abierta otra vía que recala en el Tribunal de Cuentas, la responsabilidad contable de los condenados y huidos de la Justicia, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza y varios ex consejeros del Govern catalán, por los recursos públicos destinados a sufragar el referéndum del 1 de Octubre. El organismo fiscalizador abrió la instrucción el pasado mes de mayo y ahora un juez instructor deberá auditar las distintas partidas vinculadas a la consulta irregular con el fin de cuantificar la cantidad del erario público malversado.

Por el momento, no han transcendido las partidas que son objeto de la auditoria a la espera de que concluya la instrucción con el acta de liquidación provisional. En cualquier caso, la sentencia del Supremo se incorporará a la instrucción del Tribunal en la que se considera probado que los gastos de la Generalitat destinados a la organización y estructura de la jornada del 1-O ascienden a 1,9 millones de euros.

Embargo a los encausados

La causa del Tribunal de Cuentas, contable y no penal, tiene como fin embargar a los encausados los gastos del 1-O como ya ocurrió con la consulta del 9-N. En este caso, el Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas a pagar 4,9 millonesde euros al considerarle responsable, junto a otros nueve demandados, del daño causado a las arcas públicas. 

2,8 para la Fiscalía

En el escrito de la Fiscalia en la instrucción del Procés la cifra de lo malversado el 1-0 asciende hasta 2,87 millones de euros. Según las fuentes judiciales consultadas, los condenados y huidos del Procès podrían acabar pagando una cifra mayor que la que establece el fallo.  

 
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