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Miércoles, 19 de Febrero de 2020

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El Constitucional suspende el Plan de Acción Exterior de Cataluña

El Tribunal Constitucional ha suspendido durante los próximo seis meses el Plan de Acción Exterior de Cataluña

Fachada del Tribunal Constitucional. /

La decisión adoptada por unanimidad es consecuencia de la impugnación del Gobierno de Pedro Sánchez contra el acuerdo de la Generalitat que aprobó en junio el Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea 2019-2022.

La suspensión se produce de forma automática al ser impugnada por el Gobierno de la nación y supone que la Generalitat no podrá llevar a cabo ninguna iniciativa contenida en ese plan ni llevar adelante ninguna acción que lo ponga en práctica.

Es decir, la Generalitat no podrá invocar en ninguna actuación este plan aunque el recurso no supone el cierre de las llamadas 'embajadas' catalanas, que sigue un proceso independiente y paralelo.

Competencias exclusivas del Estado 

El gobierno central considera que la Generalitat ha actuado contra las competencias exclusivas del Estado en materia de relaciones internacionales, y "ha vulnerado también el principio de lealtad constitucional".

La ministra portavoz, Isabel Celaá, preciso el viernes pasado que la Generalitat se excede en sus competencias y menoscaba las del Estado, pero además destacó la importancia del "contexto" en el que se ha aprobado este plan: un proceso independentista "que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España" y que se traduce en "una diversidad de actuaciones" del propio Torra, de sus consellers y de las delegaciones de Cataluña en el exterior.

El plan fue aprobado el 25 de junio. En agosto, el Gobierno envió un requerimiento a la Generalitat advirtiéndole de que no era competente para aprobar una iniciativa con esos contenidos, pero el Ejecutivo catalán respondió el pasado 26 de septiembre "negativamente", es decir, afirmando que no pensaba corregir nada.

Las embajadas, recurridas

La decisión del Constitucional no afecta a los recursos planteados por el ministerio de Asuntos Exteriores ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la apertura de varias legaciones.

Es el caso de las tres últimas anunciadas por la Generalitat --en Túnez, Argentina y México—que según Exteriores no pretenden la "legítima proyección exterior" de Catalunya, sino "un fin inconstitucional como es la creación de una 'estructura de Estado' al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista".

Aviso previo

La Generalitat, como todos los Gobiernos autonómicos, debe comunicar de antemano al Gobierno central la apertura de sus oficinas en otros países, y el Gobierno central elaborar un informe que cuenta con participación de Hacienda, de Política Territorial y de Exteriores, que es quien valora si estas oficinas se adecuan a los principios de unidad de acción exterior que prevé la ley.

Todas las delegaciones aprobadas por Torra han recibido informe negativo, pero eso no frena su apertura. Exteriores pidió, a posteriori, la paralización cautelar de las de Londres, Berlín y Ginebra -el TSJC lo desestimó por considerar que debía haber pedido el cierre cautelar en el momento de presentar el recurso-.

Este mes de septiembre, al recurrir la creación de las de Argentina, Túnez y México, sí pidió su paralización cautelar.

Recursos de inconstitucionalidad

En este momento, en el Tribunal Constitucional hay cuatro recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno y pendientes de resolución sobre otras tantas normas de 2017.

Son el Código Civil de Cataluña relativo a contratos y obligaciones, el Código Tributario en relación a la administración tributaria catalana, la Ley de Comercio, Servicios y Ferias, y la Agencia Catalana de Protección Social.

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