Reino Unido califica de "desproporcionada" la orden de extradición librada contra Clara Ponsatí

Madrid

La batalla judicial para que España consiga la entrega de los políticos presos fugados se complica en Reino Unido, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a 9 procesados por los delitos de sedición y malversación en la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O. Las autoridades británicas califican de “desproporcionada con arreglo a su legislación” la Orden Europea de Detención (OED) librada contra la exconsellera de Educación, Clara Ponsatí, que se fugó a Escocia.

Reino Unido decide “no certificar esta orden de detención europea” y añade que “por el momento no tomará ninguna otra decisión en relación con este asunto.

La comunicación al gobierno español, sin embargo, deja una puerta abierta a reconsiderar esta decisión siempre que “tuviera información sobre el historial delictivo previo de Ponsatí o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción”.

La defensa de la exconsellera de educación ha emitido un comunicado en el que asegura que "parece haber contradicciones evidentes contenidas en una orden de 'divagación' que se extiende unas 59 páginas, que salta de (el delito) de 'rebelión' al de 'sedición', mientras que Clara Ponsatí es acusada de sedición, lo que solo se menciona brevemente en dos páginas, sin claridad en cuanto a su papel".

La esperanza del Supremo

El juez Pablo Llarena puso en marcha una doble actuación en el caso de Ponsatí, según confirman a la SER fuentes del Supremo. No solo emitió esta orden de detención, sino que también envió una comunicación al juzgado escocés, donde reside Ponsatí, sobre la que todavía no se ha pronunciado este juez.