Celaá pone en pie de guerra a la escuela concertada al señalar que elegir centro no está amparado por la Constitución
La ministra de Educación en funciones abrió el Congreso anual de Escuelas Católicas
La ministra Portavoz, y de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá. / Eduardo Parra - Europa Press (Europa Press)
Madrid
Las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, cayeron como una bomba en el Congreso anual de Escuelas Católicas. En el discurso con el que inauguraba la cita, ante más de 2.000 educadores de estas escuelas y la plana mayor de la enseñanza concertada religiosa, Isabel Celaá aseguró que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres y las madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución”.
Sus palabras provocaron inmediatamente el revuelo del auditorio porque señalan uno de los pilares en los que la enseñanza concertada basa su existencia: el derecho de los padres a elegir un tipo de colegio determinado y que la patronal y asociaciones de padres de la escuela concertada o los obispos siempre han defendido como un derecho protegido por la Constitución.
Comunicado del ministerio de Educación
El ministerio de Educación insistió anoche en un comunicado en que eso no es así y esgrime 33 sentencias del Tribunal Constitucional. Entre ellas destaca una del año 1981, que también citó Celaá en su discurso, y que dice textualmente que “el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente”.
Ese derecho, el de elegir colegio, explica Educación, se regula en las leyes y reglamentos del sistema educativo que son los que establecen donde tiene que haber un colegio público, los que regulan los conciertos, que criterios hay que cumplir para ser admitido en un centro… etc pero no está en la Constitución.
Reacciones a las palabras de Celaá
Tras el revuelo inicial las palabras de la ministra en funciones causaron toda una cascada de reacciones desde los obispos a los grupos de la oposición.
Escuelas católicas no oculta su preocupación. Algunos de sus responsables hablan directamente de un ataque a la concertada. Su secretario general, José María Alvira, reconoce a la SER su sorpresa por las palabras de Celaá aunque le agradece su presencia en el Congreso. Alvira insiste en que el derecho a elegir centro se incluye dentro de la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución. “Sólo el punto uno del artículo 27 que establece: Todos tiene derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza. Bastaría para avalarlo”.
Los obispos también alertaron ayer de “un cambio de criterio” que sería “extraordinariamente grave”. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, señaló que esperaba que las palabras de la ministra de Educación hubieran sido un lapsus. PP, Ciudadanos y Vox han puesto mensajes en las redes sociales criticando a Celaá y señalando sus declaraciones como parte del acuerdo de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos .
Otros desencuentros
Pablo Casado por ejemplo ha apelado directamente a Pedro Sánchez y le dice “que debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si éste es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical”. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, escribía que “entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. Y Vox afirma que “el PSOE sigue engrasando la maquinaria de adoctrinamiento en las escuelas. Sólo existe libertad para elegir lo que ellos te impongan”.
El de ayer por el derecho de elección de centro no es primer desencuentro entre Celaá y la escuela concertada. La ministra ha incluido en la nueva ley educativa su intención de derogar el concepto de “demanda social” que introdujo la Lomce y que permite a los centros privados sostenidos con fondos públicos aumentar plazas si los padres lo piden o construir centros en barrios en los que aún no hay un colegio público, según el ministerio.
