La Guardia Civil presenta el informe definitivo contra Ignacio González
El documento apuntala la acusación contra el expresidente madrileño y aporta novedades que incriminan a su principal conseguidor, el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, cuyo hijo se negó a blanquear sus mordidas. "No papá, no", le espetó a Moro, según el documento policial
La Guardia Civil presenta el informe definitivo contra Ignacio González / Cadena SER
Madrid
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado al juez que instruye la operación Lezo en la Audiencia Nacional, el informe definitivo sobre la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao, que supuso un reparto de mordidas de 5.4 millones de dólares a la supuesta organización criminal liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
El documento de 749 páginas al que ha accedido la Cadena SER hace un relato exhaustivo la operación, de las pruebas contra los responsables, y aporta algunos elementos nuevos que les incriminan en los hechos.
González era 'El Conde' que iba a cobrar 1,8 millones
El informe establece que Ignacio González, alias 'El Conde' para la organización criminal, era "el jefe" del entramado. Desde su posición como presidente de la Comunidad de Madrid y del Canal Isabel II, fue quien ordenó la operación de compra por 23.3 millones de euros de Emissao, cuando pudo pagar mucho menos según los investigadores, y ocultó al consejo del Canal dos informes de los técnicos y de la auditora KPMG, que advertían de los riesgos de la adquisición.
Contra González, además de documentos manuscritos, correos electrónicos y mensajes telefónicos, se encuentran las declaraciones de otros integrantes de la trama como Edmundo Rodríguez Sobrino, Luis Vicente Moro, Diego García Arias o Ramón Navarro, que le inculpan en los hechos.
Ignacio González iba a recibir la mayor mordida por la operación, de 1.8 millones de dólares, mientras que el resto se iba a repartir 0.9 millones, según el documento incautado a Rodríguez Sobrino, las confesiones y los datos de las transferencias corroboradas. La UCO realiza un gráfico adjunto a esta información con el reparto de las comisiones y los alias empleados por los sospechosos.
Moro, vendido por su exesposa y su hijo: "No papá, no"
Entre las novedades que desvela este informe se encuentran datos sobre la implicación del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro.
Uno de ellos es un documento incautado a la exmujer de Moro, María del Carmen Velasco, que con el título "cosas que debo tener en cuenta para mi juicio", revela que el exdelegado del Gobierno tenía "cuentas opacas" en el extranjero con "dinero negro", y que tenía conocimiento de un negocio de su exmarido en Panamá con aguas del Canal.
El hijo de Moro: "No papa, no" / Cadena SER
Velasco, intentó después proteger a su exmarido y relató a la Guardia Civil que aquella confesión había sido una "invención".
La segunda novedad que desvela el documento es que Luis Vicente Moro llegó a recurrir hasta a su hijo en un intento de repatriar los 900.000 dólares que le correspondieron por la operación, ante las dificultades que encontró en los bancos centroamericanos por una imputación judicial. El hijo del exdelegado del Gobierno en Ceuta se negó a participar en la operativa y zanjó el asunto con un contundente "no Papá, no", según detalla el documento. Al final obtuvo el dinero gracias a el BHD León y diversas entregas en efectivo de algunos de los implicados.
Luis Vicente Moro no llegó a tener un papel activo en la compra de Emissao, pero entró en el reparto de las mordidas solo por su amistad personal con Ignacio González y sus "trabajos sucios" para favorecer al expresidente madrileño. La UCO destaca que Moro llegó a sobornar al pseudo sindicato Manos Limpias para que no le denunciasen por su ático de Estepona, entre otras operaciones.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha procesado a Ignacio González y a otras seis personas por delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración debido a esta compra por parte del Canal. El magistrado considera que la adquisición provocó un perjuicio para las arcas públicas cercano a los 10 millones de euros. En 2013, un año después de la compra por 23.3 millones de euros, Emissao valía alrededor de 4 millones.
