El Banco Central Europeo pide a la Audiencia Nacional que le informe sobre el "impacto potencial" del caso Villarejo en el BBVA

Madrid

El Banco Central Europeo ha presentado un escrito en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que pide al magistrado que investiga el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, que le informe respecto al “impacto potencial” de la causa en el BBVA.

En el texto, de algo más de folio y medio de extensión a dos caras, el regulador solicita al juzgado información sobre las actuaciones judiciales desarrolladas que afecten al BBVA y el alcance de las investigaciones sobre la entidad, así como la posible implicación del banco y las sanciones, en su caso, a las que pudiera verse sometido, según fuentes del procedimiento consultadas por la Cadena SER.

El BCE garantiza al juzgado la absoluta confidencialidad y discreción de los datos transmitidos por la Audiencia Nacional, que solo tendrán un uso para fines internos, según las mismas fuentes.

La entidad dirigida por Christine Lagarde remite este escrito al juzgado después de que en primer lugar se dirigiera al BBVA para reclamar esta información y la entidad la denegara argumentando que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.Las fuentes jurídicas consultadas consideran que el banco podría haber contestado al BCE sin quebrar el secreto sumarial, porque el regulador europeo quiere conocer las consecuencias del caso en el BBVA y no las investigaciones por la contratación del comisario jubilado para espiar y sabotear operaciones que afectasen a su expresidente, Francisco González.

El juzgado tampoco ha contestado al BCE. Con toda probabilidad lo hará cuando se levante el secreto, previsto en principio para el próximo 4 de febrero.

El BBVA como persona jurídica y varios de sus exdirigentes y otros empleados, están imputados en la causa por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por pagar más de 10 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, por labores de espionaje que beneficiaban la posición en la entidad del entonces presidente, Francisco González.

Entre esos trabajos, la monitorización de miles de teléfonos de políticos, empresarios y periodistas, el seguimiento de ministros de la era Zapatero y hasta el intento de difamación de otros como Miguel Sebastián, para desbaratar el intento de Sacyr por ocupar la cúpula del BBVA. El propio Francisco González también ha sido imputado en la causa, así como el exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, el exconsejero delegado, Ángel Cano, o el exdirectivo Antonio Béjar.

¿Qué preocupa al BCE?

El BCE actúa parte del “Mecanismo Único de Supervisión”, es decir, representa tanto al regulador de Frankfurt como a los reguladores domésticos españoles. Su director, Andrea Enria, había pedido ya explicaciones informales a la entidad pero -después de que la entidad terminara el análisis forense de toda la documentación relacionada con Villarejo- ha solicitado información por escrito mediante dos pasos: primero, se reclama esa documentación al BBVA que alega que “al ser una instrucción penal bajo secreto de sumario, la entidad no puede interferir en la investigación judicial”. Según fuentes de la causa, se traslada esa restricción al supervisor. Y, en segundo lugar, pide al juez que autorice al BBVA o traslade directamente la documentación que reclama.

El Banco Central ha de garantizar que la causa no afecta a dos parámetros del BBVA: su solvencia o su liquidez y, de momento, no detecta problemas en ninguno de esos dos baremos. Ni la solvencia del BBVA está afectada ni la liquidez se ha puesto en peligro desde que saltó el escándalo.

¿Qué respuesta ha dado el BBVA?

BBVA asegura que hay una investigación judicial en marcha y que, por tanto, es necesario primero la autorización judicial (la que reclama el BCE). Según el BBVA, la entidad siempre comparte toda su información con el Mecanismo Único de Supervisión, también en este caso, y alega que le habría encantado poder entregar toda la documentación que han entregado al tribunal pero que no puede interferir en una investigación judicial”.

Según el BBVA se “trasladó esa restricción al supervisor, ya que la única manera en que podíamos compartir los hallazgos es si lo autoriza el juez”. En esencia, dice el banco, se sigue la ley: “Entregarán lo que han aportado al juzgado, pero eso lo tiene que autorizar el juez”, dicen fuentes de la entidad.