Un príncipe y tres generales fueron sobornados por Defex en Arabia Saudí
La Fiscalía Anticorrupción presenta su escrito de acusación por la pieza separada de la venta fraudulenta de armas a Riad, por la que pide hasta 29 años de cárcel a cada uno de los ocho acusados de la empresa pública española. La trama malversó cerca de 300 millones de euros en todo el mundo, según los investigadores
Madrid
El fiscal Anticorrupción, Conrado Saiz, ha presentado al juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional su escrito de calificación de los hechos de la pieza separada del caso de la comercializadora estatal española de armas Defex y sus negocios en Arabia Saudí.
En su escrito, por el que acusa a ocho exdirectivos de la compañía pública por delitos de corrupción en transacción económica internacional, organización criminal, malversación, falsedad y blanqueo, el fiscal analiza 11 contratos de repuestos de tanques y munición con Arabia, y varios pagos más que aún se investigan en una pieza separada, que sitúan la cantidad malversada en los contratos con ese país en más de 100 millones de euros.
Los pagos se efectuaron en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Caimán o la Isla de Man y entre los comisionistas se encuentra el príncipe Khalid Bin Saad al Saud, el agregado militar de la embajada de Arabia Saudí en España, Abdullah al Shamuary, y tres generales.
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Uno de ellos, Abdulaziz Ibrahim Allhudaiti, fue el presidente de la Primera Comisión Mixta Hispano Saudí, celebrada en 2010 en Madrid, que se embolsó una mordida de 500.000 euros a través de su hermano, según el escrito del Ministerio Público.
Las millonarias comisiones, que alcanzaban hasta el 20% de los contratos, eran abonadas a través de paraísos fiscales y por medio de una enrevesada maraña de sociedades urdida por el delegado de Defex en Riad desde 1991, Álvaro Cervera.
El fiscal considera que “probablemente” desde aquel año se iniciaron las operaciones corruptas a través de Defex con Arabia Saudí, ya que ha detectado pagos por contratos de armas con Riad ejecutados en las Islas Caimán a una de las sociedades involucradas, que superan los 60 millones de euros entre 1992 y 2004.
La de Arabia Saudí es otra pieza más de este caso de “corrupción institucional con la garantía del Estado para la venta de armas” en palabras del fiscal, que se une a las investigadas en Angola, Camerún, Egipto y Brasil.
El total de contratos supuestamente fraudulentos supera los 300 millones de euros en las distintas piezas investigadas. En la cúspide del entramado figura el expresidente de Defex, José Ignacio Encinas Charro, quien ocupó la dirección de la empresa pública con cuatro presidentes distintos. Fue nombrado en 1991 con la administración de Felipe González, y se mantuvo con José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy. Solo este último le destituyó, meses antes de que estallara el caso en la Audiencia Nacional.
El caso está a punto de cerrarse sin despejarse una de las principales incógnitas de la causa: quién es el “Kin”(sic) de Defex. El mayor comisionista que solo por un contrato con Angola, se embolsó 3 millones de euros. Fueron los implicados Juan Carlos Cueto y la sobrina del espía Francisco Paesa quienes relataron en un correo electrónico intervenido que había que reservar tres millones para “el kin”.
Ya en 2014, el juez Pablo Ruz preguntó a Encinas Charro si conocía la identidad de este “kin” de la trama después de que los otros dos se hubieran negado a desvelarla y el expresidente de Defex se limitó a contestar que “eso” eran “palabras mayores”.