Sorpresa y reticencias en las asociaciones de fiscales por el nombramiento de Delgado
La Asociación de Fiscales y la APIF ven un intento de "injerencia" del Gobierno el nombramiento de Dolores Delgado
La Unión Progresista de Fiscales cree que su reciente papel como Ministra de Justicia no condicionará su labor en la Fiscalía
Madrid
Dos asociaciones de fiscales no han querido ocultar su sorpresa por el futuro nombramiento de Dolores Delgado, fiscal y exministra de Justicia, como nueva Fiscal General del Estado. Tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como la Asociación Profesional e Idependiente (APIF) consideran que es intento de injerencia por parte del ejecutivo en el trabajo del Ministerio Público, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) cree que sus treinta años de carrera fiscal avalan el nombramiento.
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"A nosotros nos preocupa porque parece una injerencia directa del Gobierno, o una pretensión de injerencia del Gobierno, en la Fiscalía General", explica en declaraciones a la SER Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales. "La sospecha de parcialidad política se acrecienta todavía más", explica Juan Antonio Frago desde APIF, recordando además que, con respecto a la causa del procés, "ha adoptado una serie de declaraciones públicas que pueden condicionarle" ahora como Fiscal General.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que estuvo adscrita Delgado como miembro del Ministerio Público, es la única que defiende que su reciente pasado político no tiene por qué desvirtuar su nuevo puesto al frente de la Fiscalía. "Creemos que hay que darle un voto de confianza, lleva perteneciendo a la carrera fiscal más de treinta años, es una mujer íntegra que ha demostrado continuamente su prestigio y siempre lo ha hecho con sujección a los principios que nos definen, con absoluto respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal", dice su portavoz Teresa Peramato.
Entre los grandes retos que, según su criterio, tiene Delgado por delante, está la digitalización, la conciliación, el aumento de la plantilla de la Fiscalía o impulsar la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita el tiempo de instrucción en una causa.