Los controladores aéreos admiten su culpa y pagarán multa tras el acuerdo con la Fiscalía
Solo 14 de ellos afrontarán el juicio después de que 119 de 133 controladores hayan alcanzado una acuerdo
Han admitido el delito de abandono de los servicios públicos durante la huelga que llevó al cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010
El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en 2010, César Cabo, en la Audiencia Provincial de Madrid. / EFE
Madrid
Fuentes de la Fiscalía han confirmado a la Cadena SER que 119 de los 133 controladores aéreos acusados han llegado a un acuerdo de conformidad en el que reconoce el delito de abandono de los servicios públicos, y pagarán multa de 21.700 euros y suspensión de empleo durante cinco meses, acuerdo que está previsto que cierren esta mañana.
La mayoría de estos controladores pertenecían al sindicato mayoritario USCA, cuya junta directiva y su comité de empresa “coordinaron la convocatoria y las acciones de paro”, según el relato del fiscal.
Colectivo y concertado
El escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid califica de “acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal”. Cada uno de los controladores alegó una “disminución de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto”, lo que en la práctica obligaba a AENA a sustituir de manera inmediata a dicho controlador.
En total, 59 controladores de 62 programados causaron baja de manera simultánea y en el turno de noche tan solo se presentaron 16 controladores de los 44 previstos. La mayoría de ellos “estaban reunidos en una asamblea convocada por la Dirección de USCA” sindicato mayoritario de los controladores aéreos.
El resto de los acusados que han rechazado llegar a un acuerdo, 14 según la Fiscalía, seguirán sentados en el banquillo, entre ellos destaca César Cabo, portavoz del colectivo durante esas fechas.
20 millones para evitar la sedición
El acuerdo de conformidad llega después de que los controladores hayan desembolsado cerca de 20 millones de euros en concepto de indemnización a los afectados por el cierre del espacio aéreo, y que les ha llevado a evitar el delito de sedición, en base al cual el Estado decretó el estado de excepción.
