Dolores Delgado, la candidata con menor apoyo del Poder Judicial desde 1992
Los doce apoyos a favor y siete en contra de Delgado sólo son superados por los conseguidos por Eligio Hernández en 1992
Hernández asumió la Fiscalía General del Estado con once votos a favor, seis en contra y una abstención
La exministra de Justicia y futura Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, durante el acto de toma de posesión de ministros en el Ministerio de Justicia / Ricardo Rubio - Europa Press (EUROPA PRESS)
Madrid
Dolores Delgado estará al frente de la Fiscalia General del Estado después de recibir el aval de un Consejo General del Poder Judicial dividido. Con doce votos a favor y siete en contra, el órgano de gobierno de los jueces ha dado el visto bueno a su candidatura acordando no pronunciarse sobre su idoneidad: el menor consenso en este trámite en los últimos 28 años.
María José Segarra (2018 - 2020)
Fiscal general durante el primer mandato de Pedro Sánchez, María José Segarra consiguió que todos los vocales del CGPJ votaran a favor de su idoneidad. Explicó entonces el Consejo que la ex fiscal jefe provincial de Sevilla había acreditado "su idoneidad para la obtención del nombramiento".
Julián Sánchez Melgar (2017-2018)
El magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo obtuvo el aval del órgano de gobierno de los jueces con el único voto en contra de la vocal Concepción Sáez. Melgar se puso al frente de la Fiscalía tras el fallecimiento de José Manuel Maza y hasta que el PSOE accedió al poder en 2018.
José Manuel Maza (2016-2017)
El fallecido José Manuel Maza consiguió luz verde del Consejo con un único voto en contra de una vocal y el voto particular concurrente de otros dos vocales, Roser Bach y Enrique Lucas. Falleció en 2017 en Buenos Aires y durante su mandato se interpusieron las querellas por rebelión que dieron lugar a la causa del procés.
Consuelo Madrigal (2014-2017)
Una de los cuatro fiscales del juicio al procés independentista, Consuelo Madrigal llegó a la Fiscalía General del Estado con el aval unánime del CGPJ. Abandonó la dirección del Ministerio Público rechazando seguir el criterio del ministro Rafael Catalá en algunos nombramientos de importancia.
Eduardo Torres-Dulce (2012-2014)
Eduardo Torres-Dulce llegó al cargo con el apoyo unánime del CGPJ y abandonó el edificio por voluntad propia "por motivos personales" dos años después. Unos motivos que pasaban por la imposibilidad de cumplir con los puntos principales de su proyecto al frente del Ministerio Público.
Cándido Conde-Pumpido (2004-2011)
El ahora magistrado del Tribunal Constitucional y exmagistrado del Tribunal Supremo es hasta la fecha el único que ha renovado su mandato: consiguió el aval unánime del Consejo General del Poder Judicial en 2004 y nuevamente en 2008 en un pleno extraordinario.
Jesús Cardenal (1997-2004)
El Poder Judicial avaló también por unanimidad la candidatura de Jesús Cardenal con un informe que iba más allá de los requisitos formales, mostrando su preocupación por algunas de sus afirmaciones como fiscal en el País Vasco. "Este Consejo acuerda mostrar su preocupación por las concretas manifestaciones institucionales efectuados en la memoria de la Fiscalía del TSJ del País Vasco de 1994, por entender que no son acordes con algunos principios básicos de la Constitución española", dijo entonces.
Juan Ortiz (1996-1997)
Fiscal general del Estado durante sólo un año, Juan Ortiz recabó el apoyo unánime del Consejo General del Poder Judicial. Fue destituido de forma fulminante tras una larga crisis con varios fiscales de Audiencia Nacional: el suyo ha sido uno de los mandatos más cortos junto con el de Sánchez Melgar y Maza.
Carlos Granados (1994-1996)
En junio de 1994 Carlos Granados también recibía el visto bueno unánime del CGPJ después de apenas un minuto de pleno. Una vez terminado su mandato volvió a la sala de lo penal del Tribunal Supremo donde ejercía antes de ponerse al frente de la Fiscalía General del Estado.
Eligio Hernández (1992-1994)
El nombramiento con menos apoyo del Poder Judicial de los últimos 28 años con once a favor, seis en contra y una abstención. Eligio Hernández dejó el cargo dos años más tarde a petición propia tras la llegada del socialista Felipe González al Gobierno: posteriormente el Tribunal Supremo declaró ilegal su nombramiento al entender que se le habían computado de forma irregular los siete años y medio que había ejercido como gobernador civil de Tenerife y Delegado del Gobierno en Canarias.
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