El Tribunal Constitucional estudia la 'ley mordaza'

Madrid

El pleno del tribunal aborda desde este martes el estudio de la ponencia que propone anular los artículos más polémicos de la ley de seguridad ciudadana conocida como 'ley mordaza'. El pleno de los jueces comenzará el debate y el estudio técnico de estos 12 artículos de la ley que contravienen la Constitución, pero no votarán sobre la resolución propuesta probablemente hasta el próximo pleno, según fuentes de esta institución consultadas por la Cadena SER.

Los derechos afectados según el recurso presentado por los grupos parlamentarios PSOE , IU, Grupo Mixto, UPyD, CiU y PNV en 2015, son fundamentalmente la tutela judicial efectiva, el derecho de manifestación, el derecho de reunión y la libertad de expresión. El proyecto de sentencia considera inconstitucionales por ejemplo las normas que autorizan a la expulsión en caliente de los migrantes en Ceuta y Melilla, considera anticonstitucional el registro corporal que incluye el desnudo integral o parcial, contrario a la Carta Magna, las sanciones graves por manifestarse frente al Congreso y Senado o las multas por utilizar imágenes de la policía.

La ponencia que comenzará a estudiarse mañana redactada por el magistrado progresista Fernando Valdés Dal Ré, establece unos límites para la aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de seguridad ciudadana que considera pueden vulnerar la Constitución española. Durante este estudio preliminar de sentencia, los magistrados no van a votar de momento su contenido puesto que están en una fase de estudio en la que se pueden incorporar sugerencias y correcciones al texto inicial. En todo caso la ponencia tumba algunos de los aspectos más polémicos y reconoce que los grupos de la oposición tenían razón cuando presentaron el recurso contra la ley en 2015.

Dos ponencias

Estos partidos políticos recurrieron una docena de artículos de la ley mordaza que el Tribunal constitucional ha repartido entre dos de sus magistrados para que elaboren un propuesta de sentencia. La primera ponencia será redactada por el magistrado progresista Fernando Valdés Dal Ré y la segunda, corresponde al presidente de la institución, el magistrado conservador Juan José González Rivas.

Se da la circunstancia de que la primera ponencia toma la cabecera de las deliberaciones y votaciones posteriores y , si finalmente se aprueba por el pleno , fijará la doctrina del tribunal en esta materia, lo que deberá ser asumido inexcusablemente en la deliberación y votación de la segunda ponencia. El texto explica en primer lugar que las normas incluidas en la ley ofrecen una concepción de seguridad ciudadana que viene a coincidir, en lo sustancial, con la que tiene el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias.

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Devoluciones en caliente

La Ley de Seguridad ciudadana incluye una disposición adicional especial para Ceuta y Melilla que permite el rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente en España. La propuesta del Constitucional es anular esa norma porque priva a los extranjeros de los derechos que les corresponden constitucionalmente en su condición de persona, con independencia de su situación administrativa. En consecuencia se les debe aplicar la legislación en materia de extranjería que incluye la tramitación de un procedimiento con asistencia letrada, derechos un intérprete,  la capacidad de presentar recurso.

Registros con desnudo

Según este estudio preliminar, el art. 20.2 LOPSC lesiona el derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), y el derecho a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) cuando autoriza los registros personales que incluyen el desnudo parcial o total porque resultan desproporcionados. El texto impugnado dice: "si el registro exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros se dejará constancia escrita de esta diligencia de sus causas y de la identidad del agente que las adoptó".

Según la ponencia esta norma no concreta cuáles son los motivos específicos que han de concurrir para adoptar una medida de esta naturaleza, ni las circunstancias o hechos que la justifiquen, aunque la policía argumente que existen indicios racionales de una posible falta administrativa.

Manifestaciones

El artículo 36.2 LOPSC sanciona como infracción grave: "La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal»

La propuesta que estudia el Constitucional exige que existan “razones fundadas” por lo que no basta la mera sospecha o la posibilidad de que la manifestación produzca esa alteración, sino que quien adopte la decisión de paralizarla debe poseer datos objetivos suficientes, y deberá motivar su decisión aportando las razones y explicar que es imposible adoptar otras medidas preventivas menos gravosas.

Uso de imágenes

Los grupos parlamentarios impugnan el art. 36.23 LOPSC que sanciona el uso, sin autorización, de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en conexión con el art. 19.2 LOPSC que permite, según el recurso, el secuestro de este material sin autorización judicial.

El Constitucional estudia la anulación de este artículo porque el peligro para la seguridad personal de los agentes o para el éxito de una operación policial hay que motivarlo y la norma no contempla ninguna necesidad de justificación. Ademas si la difusión de datos o imágenes sirve al interés general, tiene relevancia pública, el bien constitucional afectado deberá ceder o sacrificarse en aras de la libertad de información, y en consecuencia no puede ser objeto de sanción.

Balance de la 'ley mordaza': 416 millones de euros 

La aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha disparado en un 80% desde su aprobación en el año 2015. Las sanciones han pasado de 87.872 en 2015 a 249.655 en 2018, con incrementos anuales en torno al 9%, según los datos de criminalidad del Ministerio del Interior. En total, se han recaudado más de 416 millones de euros, de 41,57 millones de euros en 2015 hasta los 149 millones de euros en 2018.