Balance de la 'Ley Mordaza': 416 millones de euros en más de 765.000 sanciones

Madrid

Desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, en marzo de 2015, aprobada con los únicos votos del Partido Popular, la conocida como Ley Mordaza no ha dejado de aplicarse en toda España. Es más, cada año se han puesto más sanciones y se ha recaudado más en multas, con un incremento del 80% de 2015 (con seis meses de aplicación de la norma) a 2018 y un aumento similar en la recaudación, que ha pasado de 41,7 millones de euros en 2015 a 149 millones de euros en 2018, según las estadísticas de criminalidad del ministerio del Interior, actualizadas hasta 2018.

La ley recoge 54 artículos con sanciones que oscilan entre las leves (artículo 37) a las muy graves (artículo 35). Y según los datos desglosados por año, se ha pasado de 87.872 sanciones en 2015; 197.947 en 2016, 229.932 en 2017; y 249.665 en 2018, en total, 765.000 sanciones.

La recaudación por parte de la Administración General del Estado ha crecido también cada año desde su aplicación, con un total recaudado de 416,5 millones de euros entre 2015 a 2018, se ha pasado de 41,57 millones de euros en 2015 hasta los 149 millones de euros en 2018.

Prohibido reunirse

Los artículos más polémicos de la ley son aquellos que afectan al ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, reunión y protestas en la calle. La norma contempla como infracción leve la “celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones” que ha permitido sancionar a quienes han ejercido el derecho de reunión en la vía pública aunque no hayan generado inseguridad ciudadana. En estos caso, las ley se ha aplicado en 420 ocasiones, con una recaudación de 89.380 euros. El año en el que se ha aplicado más veces ha sido 2018, con 138 sanciones y 38.750 euros en multas.

La recaudación y las multas se disparan en el capítulo que sanciona las “faltas de respeto” a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dificultar el ejercicio de sus funciones (artículo 37.4), lo que ha llevado a multar a periodistas durante el ejercicio de su trabajo o a manifestantes en la vía pública. En este caso, se ha recaudado 9,7 millones de euros desde el año 2015 y se ha aplicado un total de 65.007 veces.

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Las sanciones van desde los 601 euros a 600.000 las muy graves, hasta los 30.000 euros las graves, y las infracciones leves conllevan multas de 100 a 600 euros. Los datos del ministerio del Interior solo recogen los expedientes tramitados por la Administración General del Estado y no incluyen las que se tramitan en Cataluña, País Vasco y Navarra.