Tribunales
Referéndum 1 de Octubre

El Tribunal de Cuentas notifica a Puigdemont y Junqueras el gasto malversado en la consulta del 1-O

A partir de las 9:30 están citados 29 ex altos cargos del Govern responsables del presupuesto público desviado en la organización del referéndum ilegal en octubre de 2017.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en el Parlament de Cataluña / Getty Images

Madrid

Esta mañana la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas notificará el acta de liquidación con la cuantía total por los gastos del referéndum irregular del 1-O cargados a las arcas públicas de la Generalitat y de las que son responsables de manera conjunta y solidaria Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, además de los exmiembros del Govern Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Clara Ponsatí, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila, Toni Comín o Raül Romeva, entre otros.

El Tribunal les requiere para que paguen o avalen con sus bienes la liquidación provisional cuya cifra conocerán hoy martes a partir de las 9:30 de la mañana. Una vez reciban el requerimiento por parte de la delegada instructora, Esperanza García, los encausados tienen diez días para presentar alegaciones y cinco para presentar recurso.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado dejaron en manos de la Sección de Enjuiciamiento determinar la cifra de la reclamación. En la denuncia del Ministerio Público la cantidad ascendía a 1,9 millones en gastos de publicidad, locales y cartelería; y 2,3 millones en acción exterior, entre otros.

Los denunciantes de la acción civil que instaron la apertura del procedimiento, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, consideran que al margen del gasto de 1,9 millones, el anterior ejecutivo catalán liderado por Puigdemont y Junqueras deben asumir “un perjuicio directo a los fondos públicos estatales no inferior a 87 millones de euros”, es decir, lo que se gastó el Estado en la "Operación Copérnico", el dispositivo policial desplegado durante semanas, que supuso 43,3 millones en dietas de los agentes, y otros 26,5 millones en fletar y mantener los tres ferrys, entre ellos, el cruzero Moby Dada, también conocido como barco de Piolín

Desglose del 1-O

Ambas asociaciones aseguran en su escrito que "para hacer posible el referéndum ilegal se desembolsaron o comprometieron por distintos departamentos, y con el concierto de todos los miembros del Gobierno sin excepción, una serie de gastos, burlando al mismo tiempo todos los controles que había establecido el Gobierno de la Nación en garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Cataluña".

En relación a las partidas, señalan la logística organizada a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTII), dirigido por Jordi Turull, y desde donde se crearon webs como referendum.cat, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que dieron soporte digital a la difusión de información, publicidad, registro de catalanes en el extranjero y recuento de votos. Una partida que los denunciantes no pudieron cuantificar pero que entienden "no pudieron ser gratuitas".  

En cuanto a Clara Ponsatí y Dolors Bassa, entienden que asumieron la dirección sobre los centros escolares y centros cívicos vinculados a sus departamentos de Enseñanza y Trabajo y Asuntos Sociales, respectivamente. En este caso, el gasto en los más de 2.259 locales fue de al menos 900.000 euros. Y unos 976.661 euros en papeletas, cuyo gasto se divide en cinco Departamentos, dirigidos por Junqueras, Bassa, Comín, Puig y Turull.

Gasto exterior

El Departamento de Presidencia adjudicó contratos por valor de 127.810 euros y otros 110.263 euros que en su día fueron cifrados por el Ministerio de Hacienda. Y en la campaña en el exterior, la partida pudo rondar los 269.000 euros. 

Ausencia de Puigdemont

Según fuentes consultadas por la Cadena SER, la defensa en este procedimiento de Carles Puigdemont, Antonio Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, el abogado Gonzalo Boye, no tiene intención de acudir a la notificación. Primero, porque entiende que ya comunicó al tribunal la petición de cambiar la fecha con motivo de una vista penal cuya fecha se cerró con antelación. Y fundamentalmente, porque presentó varios recursos ante la Sala de Justicia del Tribunal que todavía no han sido resueltos por los magistrados. 

En dichos recursos, se alega la vulneración del derecho de tutela efectiva y se solicita a la Sala la suspensión del plazo concedido en la providencia del 21 de noviembre de 2019. 

Según fuentes del Tribunal de Cuentas, dicho recurso sigue tramitándose y no tiene carácter suspensivo. Por otra parte, aseguran que el abogado de Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí ha solicitado a la Delegada Instructora que se suspendiera la liquidación, solicitud que ha sido denegada y, por tanto, hoy se celebrará el acto.  

En caso de que no se personen, aseguran estas fuentes, la liquidación se celebrará de igual modo y en el acta se hará constar que no han comparecido. Al acabar el acto, se les remitirá una copia del acta de liquidación provisional y toda la documentación del trámite al domicilio designado por sus abogados.

 
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