El Gobierno convoca a las cadenas de supermercados para evitar "la pérdida de valor" de los productos agrarios

Madrid

Después de más de una semana de movilizaciones, el Ministerio de Agricultura ha presentado una serie de medidas para hacer frente a la crisis de rentabilidad que viven agricultores y ganaderos. El ministro ha puesto en marcha una mesa de diálogo con las organizaciones agrarias y ahora incluye también, en ese diálogo, a las grandes cadenas de supermercados. Este miércoles se reúne con directivos de Carrefour e irá citando a otras empresas en las próximas semanas. "La distribución es parte, también, de la solución del problema", ha dicho Luis Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las cadenas de distribución están en el punto de mira de las organizaciones agrarias porque son los principales beneficiarios de la venta de los productos agrícolas. La diferencia entre lo que recibe el agricultor y lo que terminan pagando los consumidores en la tienda por los productos llega a ser del 600 % en algunas ocasiones. Según el último Índice de Precios en Origen y Destino de enero de COAG, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el producto que lidera esta diferencia de precios sigue siendo la patata. El agricultor recibe 0,17 euros por kilo, mientras que el consumidor paga 1,25 euros. Es una diferencia del 635 %.

Las organizaciones llevan años denunciando estas diferencias. Critican que sean las grandes empresas las que obtienen beneficios y las que controlan el mercado a costa del trabajo de los agricultores. "No cobramos un precio que nos permita cubrir los costes de producción. Los agricultores nos estamos arruinando, mientras hay gente que está ganando muchísimo dinero", decía este lunes Lorenzo Ramos, el secretario general de UPA. "Los consumidores tienen derecho a saber a dónde va el dinero que pagan por sus productos en los supermercados".

Los bajos precios en origen son uno de los principales problemas del sector. Los costes de producción aumentan, pero los agricultores siguen recibiendo el mismo dinero, haciendo imposible la rentabilidad de su explotación. Además, esos bajos precios no terminan llegando al consumidor porque los productos siguen siendo igual de caros. Por eso, una de las medidas que se están poniendo sobre la mesa es la de "incluir los costes de producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios". El Gobierno tiene intención de establecer la obligación de incluir una referencia a los costes de producción en los contratos que se firman a lo largo de la cadena alimentaria, así el agricultor podrá utilizar esos costes como referencia para establecer los precios de sus productos. En esa línea, el ministro va a retomar el papel del observatorio de precios, para analizar su comportamiento.

Prohibir la venta a pérdidas

A mediados de enero, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos exigió la retirada de la nueva campaña de los supermercados Lidl con el lema "Preciobajismo". Denunciaban que, bajo la campaña, "se esconden las malas prácticas que están hundiendo la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas".

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Este tipo de campañas y ofertas es una de las principales razones por las que se están movilizando los agricultores y ganaderos. "Entiendo su indignación", ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, este martes en el Consejo de Ministros. "Me transmiten que les preocupan algunas campañas publicitarias que vienen a decir que el futuro es la espiral de las rebajas, yo como ministro comparto su indignación. No nos podemos permitir la pérdida de valor económico, ni la pérdida de reputación de nuestros agricultores y ganaderos".

Para luchar contra estas prácticas, Luis Planas ha anunciado su intención de incluir, en la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, la prohibición de la venta a pérdidas, una de las principales reivindicaciones del sector: "Queremos evitar que por parte de cada eslabón de la cadena se produzca una disminución de valor con respecto al momento anterior". Las organizaciones agrarias denuncian que los supermercados utilizan sus productos como "reclamo", vendiéndolos baratos y ganando ese margen con otros productos de otras categorías.

El ministro se ha comprometido a presentar un borrador de esa reforma "en las próximas semanas", aunque las organizaciones temen que otros ministerios, como el de Economía o Industria, no estén de acuerdo con la medida. Una de las principales novedades es que la prohibición afectaría a toda la cadena alimentaria y no solo a la relación entre el distribuidor y el consumidor. Además, Planas también se ha comprometido a hacer públicas las sanciones que se impongan a las empresas que incumplan la normativa.

Las organizaciones agrarias van a seguir movilizándose, este miércoles lo hacen frente al Ministerio de Agricultura, pero creen que, con estas medidas, se está produciendo un avance importante. Valoran la "sensibilidad" del ministerio y sienten que se están escuchando sus reivindicaciones.

"El SMI no es determinante"

Aunque hay organizaciones, como COAG y ASAJA, que han mostrado su malestar con la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros, todas reconocen que no es el problema principal. Consideran que el nuevo SMI va a ser inasumible para muchos pequeños agricultores y ganaderos, pero "no es lo que ha provocado las protestas".

El gobierno ha defendido en numerosas ocasiones su aplicación también en el campo, pero también reconoce las posibles consecuencias que puede tener en el sector. "Las organizaciones agrarias son sensibles, y yo también, a la repercusión económica que en términos de insumo y de coste pudiera plantear este incremento en relación con la actividad", dijo Planas al terminar la primera reunión de la mesa de diálogo. "Le he expresado a las organizaciones agrarias la voluntad del Gobierno de examinar cuál es el impacto de este incremento para arbitrar, en su caso y situación, las medidas que fueren pertinentes".