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Competencia confirma las multas millonarias a la AIE y la AEGEDI por imponer sus tarifas a las televisiones

Las entidades de los productores musicales y la de los artistas tendrán que hacer frente al pago de 3,1 millones de euros

Sede de la CNMC en Madrid. / EFE

Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha confirmado que la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) abusaron de su posición de dominio al imponer "tarifas inequitativas y discriminatorias" a los operadores de televisión en abierto. El organismo sanciona con 1,8 millones a la AGEDI y con 1,3 millones a la AIE. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso ante la jurisdicción ordinaria.

Este recorrido administraivo y judicial arrancó en el año 2012 con la sanción de competencia a estas dos entidades de gestión de derechos. Sanción que fue recurrida por ambos organismos que vieron como en 2018 el Tribunal Supremo les cerró definitivamente la puerta y Competencia volvió a dictar una resolución sancionadora el pasado 9 de enero ajustando la cifra de acuerdo al volumen de negocio de la AIE y la AGEDI.

Las televisiones pagan a las entidades de gestión por el uso de sus catálogos de obras aunque siempre han criticado las tarifas que estos organismos establecen. AGEDI se encarga de los derechos de los productores de música y su comité directivo está compuesto por representantes de las principales multinacionales, Sony, Warner y Universal, entre otros. AIE, en cambio, recauda y reparte los ingresos por los derechos de autor de los artistas musicales

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que integra a las principales radios, también mantiene desde hace una década un conflicto con AGEDI y AIE respecto a sus tarifas. En 2015, Competencia sancionó con 2,79 millones de euros a las dos entidades por la misma razón Y, en diciembre de 2018, el mismo organismo volvió a criticar las tarifas impuestas a las radios porque vulneraban el ordenamiento jurídico vigente y porque no se justificaba el incremento de precios.

 
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