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Acusados de blanqueo alegan estar en cuarentena por coronavirus para no comparecer en el juicio

El ministerio fiscal y la Abogacía del Estado tendrán que pronunciarse sobre los escritos remitidos por la representación legal de dos ciudadanos chinos, naturales de la región de Wuhan, acusados de delitos fiscales y blanqueo de capitales

Un hombre chino camina por las calles de Pekín. / Kevin Frayer Getty Images

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Varios acusados en una causa por delitos fiscales y blanqueo de capitales han alegado encontrarse en cuarentena por el coronavirus para no comparecer en el juicio previsto en Alicante.

El ministerio fiscal y la Abogacía del Estado tendrán que pronunciarse sobre los escritos remitidos por la representación legal de dos ciudadanos chinos, naturales de la región de Wuhan, acusados de delitos fiscales y blanqueo de capitales, en los que explican su imposibilidad para acudir al juicio previsto en Alicante a causa de la cuarentena decretada por el COVID-19.

La petición, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha sido trasladada desde la Sección Primera de la Audiencia de Alicante para que las acusaciones informen sobre si consideran que el juicio se puede celebrar para el resto de los acusados en las fechas previstas y juzgar con posterioridad a los dos procesados que han anunciado su incomparecencia.

Además, fuentes del alto tribunal valenciano han confirmado que otros cuatro acusados también han anunciado la imposibilidad de comparecer por la misma razón, aunque todavía los escritos no se encuentran en la Audiencia de Alicante.

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En el juicio --programado entre los próximos días 24 al 27 de febrero-- se acusa a siete personas de defraudar, de 2005 a 2009, 168 millones de euros, a través de transferencias bancarias enviadas de manera irregular a China.

El dinero procedía de la venta de calzado fabricado en China, que era declarado por debajo de su valor y vendido por empresas asentadas en el polígono Carrús de Elche (Alicante) El Ministerio Fiscal y la abogacía del Estado, en nombre de Agencia Tributaria, solicitan penas entre 6 y 22 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, defraudación de IVA y blanqueo de capitales y multas por importe de 725 millones de euros.

 
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