El TC estudia el decreto del Gobierno para intervenir comunicaciones en caso de desórdenes públicos

Madrid

Hasta ahora el Ejecutivo tenía la potestad de clausurar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (como de propiedad intelectual) pero siempre por orden judicial. Desde el pasado mes de noviembre, se introducen modificaciones que permiten al Gobierno cortar redes y comunicaciones en una zona concreta del territorio nacional sin orden judicial previa, solo alegando una alteración del "orden publico".

La ley entró en vigor solo 5 días antes de las elecciones del 10-N y el gobierno de Pedro Sánchez justifico la "extraordinaria y urgente necesidad" por el conflicto catalán y la obligación de tumbar el “independentismo en la nube” y frenar el impulso a la llamada república digital catalana (estructuras de gobierno virtuales como hacienda, censo, criptomonedas, banca...) independientes del control por parte del Estado.

A favor y en contra

Los defensores de la nueva la norma defendían su eficacia para evitar las actividades de desinformación, como las denominadas fake news, el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles o los ciberataques contra infraestructuras críticas. Quienes se muestran en contra de esta intervención digital, señalaban que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Estudio constitucional

El Pleno del Constitucional acuerda admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña en relación con los arts. 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

El tribunal de garantías ha dado traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, y al Gobierno para que formulen las alegaciones convenientes.

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El congreso dividido

El Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre con el apoyo del PP y Ciudadanos (50 fotos a favor de PSOE, PP y Cs, 10 en contra de partidos nacionalistas y Vox y 8 abstenciones de Podemos), una ley sin precedentes en la democracia española (adaptación del apartado 6 del artículo 4 la actual Ley General de Telecomunicaciones) conocida como “decreto digital” que permitirá, entre otras, la intervención de Internet a cualquier nivel en caso de desórdenes públicos.

Articulo 4

"El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Esta facultad excepcional [...] podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".