El Gobierno aprueba un real decreto de seguridad digital para evitar la "república digital" catalana

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un real decreto ley de seguridad digital para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la «república digital» catalana. «El Gobierno ha considerado, primero, la urgencia y, en segundo lugar, la necesidad de protección general en algunas cuestiones que hemos venido trabajando con ocupación y con preocupación», ha argumentado la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ha explicado que este real decreto afecta a siete ministerios. El Real Decreto Ley se publicará en el BOE el próximo martes 5 de noviembre y servirá para que el Estado garantice la seguridad digital. Obliga a que todos los servidores de Internet que utilicen las distintas administraciones en España -incluida la Generalitat- estén localizados en la Unión Europea y no en paraísos digitales. «Es un real decreto enjundioso, complejo, por cuanto nos dirigimos a ámbitos muy importantes en lo que consideramos nuestro DNI como el único documento de identidad de nuestros ciudadanos», ha detallado la vicepresidenta. «En el ámbito digital ocurren cosas que a veces son irreparables», ha señalado Calvo, que considera que, por eso, «es mejor reaccionar cuanto antes». Lo desvinculaba así con que la medida tenga que ver con las elecciones del 10 de noviembre y ha recordado que existe gobierno «todos los días» y que es necesario tomar las decisiones en su momento: «De no hacerlo, no sabemos cuándo tendrá España un gobierno», ha explicado, y espera que la oposición les apoye en esta iniciativa. Los periodistas han preguntado a Carmen Calvo por el expediente a Pedro Sánchez por su uso electoral de La Moncloa al dar una entrevista en ese espacio pero la vicepresidenta se ha excusado: «En la rueda de prensa del Consejo de Ministros no se habla de la Junta Electoral Central», ha zanjado. En referencia a la condena a «la Manada» de Manresa de abuso sexual en lugar de agresión, Calvo ha recordado que «el Gobierno no comenta sentencias» y que hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación a la sentencia del Alto Tribunal que elevó la condena a La Manada de San Fermín a 15 años al entender fue una violación múltiple, no un abuso sexual. El consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha considerado un «golpe de Estado» el real decreto ley que ha anunciado el presidente del Gobierno en funciones: «Sánchez está anunciando un golpe de Estado digital en Cataluña. Sánchez ha desconectado no solo de Cataluña, sino del progreso social y digital del siglo XXI», ha dicho en declaraciones a los medios. «Asistimos a una prueba descarnada de la deriva antidemocrática en la que ha entrado el Gobierno del PSOE. Estamos delante de un 155 digital», ha sentenciado en referencia al artículo 155 de la Constitución. Ha criticado el cierre de páginas web y aplicaciones, después de que la Guardia Civil haya solicitado recientemente a una empresa de Microsoft retener el contenido y los datos relacionados con Tsunami Democràtic que se encuentran en Github. «Ahora quieren ilegalizar una República que decían que no existía. Pues bien, resulta que existe y es imparable», ha afirmado, y ha erigido esta República digital catalana como un quinto poder, el de la ciudadanía digitalmente apoderada. En septiembre, el Govern presentó IdentiCAT, un nuevo modelo de identidad digital descentralizada y autosoberana que tiene como objetivo convertirse en la primera identidad digital a nivel europeo impulsada desde un ámbito público y que aseguran será autogestionada por el ciudadano con garantías jurídicas, actuando la Generalitat únicamente como validadora pero sin tener la custodia de los datos. Ha asegurado que al Gobierno español le da miedo que Cataluña avance digitalmente: «¿Ahora también querrán ilegalizar la Agencia de la Ciberseguridad?. ¿Quieren que seamos vulnerables en este mundo digital? ¿Que padezcamos ciberataques?». «Los socialistas están demostrando, igual que el PP, que su único interés es gobernar contra Cataluña. En contra de un sector clave para el crecimiento estratégico de nuestro país», ha asegurado, y ha sostenido que el Estado es un lastre para Cataluña. Ha asegurado que Cataluña hizo la revolución industrial, «y ahora, a pesar del Estado, va a hacer también la revolución digital». El real decreto ley obligará a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado español deban estar localizados en la UE en lugar de en paraísos digitales, sobre lo que Puigneró ha considerado que éste es un «debate absurdo». A su juicio, la cuestión está en cómo se garantizan los derechos y los deberes de los ciudadanos, su privacidad y la protección de los datos: «Los datos están en la nube y tenemos que garantizar su protección». «Podemos tener servidores en el Estado sin garantizar los derechos, como está haciendo el Gobierno. ¿Qué es más importante, garantizar derechos o ver físicamente dónde está el servidor?», ha cuestionado. Ha lamentado que el Estado abusa de la prisión preventiva, un hecho que dice ha quedado constatado con los líderes soberanistas encarcelados, y ha criticado que tire adelante un decreto ley sobre un proyecto del que todavía no se han redactado los pliegos, pero que ha asegurado cumplirá la normativa europea. «Quiero denunciar este abuso preventivo que hace el Estado con cualquier acción que impulsa el Govern. Tenemos derecho a plantear proyectos disruptivos. La innovación forma parte del ADN de Cataluña», ha enfatizado. Preguntado sobre si el Govern articulará alguna medida para esquivar el real decreto, Puigneró ha indicado que esperará a conocer con detalle el texto, si bien ha considerado que el decreto «podría ser la injerencia más grave en el ámbito competencial de la Generalitat en los últimos años».

El Gobierno aprueba un real decreto de seguridad digital para evitar la "república digital" catalana

Obligará a que todos los servidores de las administraciones, incluida la Generalitat, estén localizados en la Unión Europea y entrará en vigor el próximo martes, el día que se publicará en el Boletín Oficial del Estado

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