Los restaurantes catalanes deberán ofrecer envases gratis para las sobras

Barcelona

Los bares y restaurantes catalanes deberán ofrecer envases biodegradables sin coste adicional para que los clientes se puedan llevar a casa la comida que les sobre, a fin de evitar que se desperdicien los alimentos.

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Esta es una de las medidas que contiene la Ley sobre la reducción del desperdicio alimentario que ha aprobado por unanimidad este miércoles el Parlament.

"Esta no es la ley de los táperes", ha subrayado el diputado de PSC-Units Raúl Moreno, impulsor de la iniciativa, que ha destacado que, aunque esta sea la medida más vistosa para el día a día de los ciudadanos, se trata de una norma muy completa que incide en toda la cadena alimentaria.

En este sentido, la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesa y Alimentación, Teresa Jordà, ha resaltado que una de las novedades que incorpora esta ley, en comparación con sus homólogas europeas, es que incluye disposiciones para luchar contra el desperdicio "en origen".

Todos los grupos que han intervenido en el debate parlamentario que ha precedido a la votación han coincidido en resaltar el extenso trabajo que se ha hecho con entidades y expertos para redactar el articulado de la ley.

Y es que la norma verá la luz prácticamente cuatro años después de que los socialistas la registraran por primera vez: en 2017 su tramitación quedó interrumpida cuando se precipitó el final de la legislatura por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña que siguió a la declaración unilateral de independencia.

Ahora, una vez aprobada la ley, el primer paso será dimensionar el problema, ya que en la actualidad no existe ningún registro preciso y actualizado sobre la cantidad de comida que se tira en Cataluña.

Uno de los pocos estudios disponibles, elaborado por la UAB y que data de 2010, estima que en Cataluña se desperdician 262.000 toneladas de alimentos cada año, unos 35 kilos por habitante, que en términos económicos corresponden a 840 millones de euros anuales.

La nueva norma obligará a todos los sectores de la cadena alimentaria a disponer, en el plazo de un año, de un plan estratégico de lucha contra el desperdicio alimentario que cuantificará cuánta comida se tira —los datos que recojan se incluirán en un registro— y definirá las medidas oportunas en cada caso.

Estas medidas se establecerán siguiendo una "escala de prioridad": en primer lugar estarán las políticas de prevención para evitar que "sobre" producto; si no se evitan los excedentes, se intentará que su destino sea el consumo humano, después el consumo animal y finalmente los usos industriales o la generación de energía.

En el caso de la administración pública, se obligará a incluir en los concursos públicos de servicios alimentarios cláusulas contra el desperdicio, se impulsarán programas educativos para concienciar a los más jóvenes sobre este problema y se creará una suerte de directorio donde los productores con excedentes puedan encontrar a otras empresas o entidades que puedan aprovecharlos.

De hecho, una de las principales novedades que incluye esta ley es la regulación de la figura de los "espigadores", que se dedican a recoger del campo las unidades que el agricultor ha descartado —normalmente porque tienen mal aspecto— para darles un uso alternativo.