Tribunales
Caso Afinsa Forum Filatelico

El Supremo condena a casi 12 años de cárcel al líder de la estafa de Fórum Filatélico

La Audiencia Nacional condenó a 20 personas a penas de entre tres meses y doce años de cárcel

Sentencia firme por la estafa de más de tres mil millones de euros a más de ciento noventa mil personas

Afectados por estafas de Forum, Afinsa y Arte y Naturalieza en 2016 / EFE Mariscal

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido dejar en 11 años y 10 meses de prisión la condena del expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, confirmando que tanto él como el exasesor de la empresa y el propio Fórum deben responder económicamente ante las víctimas de la estafa. El Tribunal Supremo establece condenas de entre seis meses y once años y diez meses de prisión para 16 personas, absolviendo a cuatro de los condenados en un primer momento.

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Considerada por la Audiecia Nacional como el "paradigma" de las estafas piramidales, Fórum Filatélico empezó la "captación masiva" de dinero de pequeños accionistas entre 1998 y 2006: compraban sellos con la promesa de que la propia empresa se los recompraría, revalorizados y con intereses. Un negocio "financieramente inviable desde su origen" con unos sellos que no valían apenas nada en el mercado real y que se sostenía única y exclusivamente por las cuotas que pagaban los clientes y la llegada de nuevos engañados.

Según los números de los investigadores, casi 270.000 personas firmaron casi 400.000 contratos con Fórum por un montante de más de tres mil millones de euros. Fórum, según la Justicia, falseó además sus cuentas de tal manera que donde tenían que aparecer pérdidas de decenas de millones de euros aparecían ganancias, con el dinero de los inversores siendo movido por una madeja societaria en el extranjero. En 2006 entró en un concuro de acreedores que fue declarado culpable nueve años después.

El Tribunal Supremo establece que la indemnización a las víctimas de la estafa de la que deben responder los acusados Briones y Juan Ramón González Fernández y subsidiriamente Fórum Filatélico "se determinará en ejecución de sentencia en atención al total de las cantidades efectivamente entregadas por los clientes a Fórum Filatélico, minorada en las cuantías percibidas por los perjudicados con motivo de la liquidación de la compañía, y sin contar los intereses pactados que no hubiesen sido abonados". La página web de la administración concursal de Fórum aseguró en un último comunicado que hasta el último día de 2019 las víctimas de la estafa habían recuperado un total de 669,5 millones de euros de los más de tres mil millones perdidos.

La estafa de Fórum

Los jueces relatan cómo las vícitmas de la estafa "ignoraban" que el dinero que invertían "se destinaba en parte" a la compra de nuevos sellos para nuevos clientes, a "pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión" o directamente "al patrimonio personal de los acusados". No sabían tampoco que "la única manera de devolver el dinero a quienes lo solicitaban al finalizar los contratos o de pagar los intereses era disponer de las cantidades entregadas por los inversores" ya que Fórum no tenía otra fuente de ingresos.

LISTA DE CONDENADOS Y ABSUELTOS

Francisco Briones. Presidente y consejero delegado. Once años y 10 meses de cárcel y multas que suman 49,8 millones de euros por delitos de blanqueo y estafa agravada en concurso con insolvencia punible y falseamiento de las cuentas. Antonio Merino. Director general. Dos años y tres meses de cárcel y multas que suman 15,9 millones de euros por delitos de blanqueo y estafa en concurso con insolvencia punible. Juan Ramón González. Director jurídico. Tres años y tres meses de cárcel y multas que suman 15,9 millones de euros por delitos de blanqueo y estafa. José Carrera. Auditor. Dos años y un día de cárcel y multa de 54.000 euros por un delito de falseamiento de cuentas. Rafael Ruiz. Auditor. Un año de cárcel y multa de 36.000 euros por un delito de falseamiento de cuentas. Ángel Tejero. “Primer eslabón del circuito de redistribución”. Cuatro años de cárcel y multa de 48.000 euros por un delito de estafa. Belén Gómez. Secretaria de dirección. Cuatro años de cárcel y multa de 12.000 euros por un delito de estafa. Abelardo Elena. Absuelto Pedro Román. Testaferro. Tres años de cárcel y multa de 42.000 euros por un delito de estafa. César Huergo. Absuelto. Pilar Málaga. Comerciante de sellos. Tres años de cárcel. Marcos Álvarez. Comerciante de sellos. Tres años y un día de cárcel. Jesús Sánchez. Testaferro. Tres años y multa de 25,5 millones de euros por blanqueo. Pamela Marion Randall. Testaferro. Tres años y multa de 51,1 millones de euros por blanqueo. Reinhard Amann. Consultor y gestor de sociedades de la trama. Seis meses y multa de 63,5 millones de euros por blanqueo. Jean Gaston Bernard. Abogado suizo que trabajó para la trama. Tres años de cárcel y multa de 16,8 millones de euros por un delito de blanqueo. Jean-François Saint-Laurent. Abogado que trabajó para la trama. Dos años de cárcel y multa de 16.846.849 euros por blanqueo. José Francisco Hernández. Absuelto. Daniel Puget. Absuelto.

Existían además circuitos de sociedades interpuestas que "además de ser utilizados para encarecer artificialmente el precio de los sellos, se empleaban para desviar dinero a favor de algunos de los acusados".

En paradero desconocido

El Tribunal Supremo llevaba varios meses estudiando la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 20 de los 27 acusados en julio de 2018 a condenas de entre medio años y doce años de prisión. Un proceso judicial que dejó sin sentar en el banquillo a uno de los principales acusados: José Manuel Carlos Llorca, buscado tanto por su papel en la operación Malaya como en este caso Fórum Filatélico por ser el arquitecto financiero de toda la estafa.

El último destino conocido de Llorca es Venezuela, donde se fugó tras una primera condena por blanqueo de la Audiencia Nacional en 2005 de ocho años de cárcel y multa de tres millones de euros por montar una estructura societaria para blanquear dinero de un narcotraficante, sentencia que fue anulada dos años más tarde por el Tribunal Supremo. Los jueces reconocieron la existencia de un "entramado societario que despierta razonables sospechas" pero que "no es razón suficiente para calificar como delito de blanqueo de capitales".

 
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