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Coronavirus Covid-19

El Gobierno aprueba ayudas para que los inquilinos puedan pagar el alquiler y suspende todos los desahucios

El Estado avalará los microcréditos para inquilinos vulnerables por la crisis del coronavirus

Iglesias alude a la Constitución para aprobar medidas como la renovación automática de contratos de alquiler

"Los grandes tenedores tienen que arrimar el hombro", ha dicho el vicepresidente segundo

El Gobierno aprueba ayudas para pagar el alquiler y suspende todos los desahucios

El Gobierno aprueba ayudas para pagar el alquiler y suspende todos los desahucios / CADENA SER

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto con ayudas para facilitar el pago del alquiler durante la crisis del coronavirus. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que uno de los objetivos de las nuevas normas aprobadas por el Ejecutivo es "prevenir la desigualdad sobrevenida" para que "ninguna persona se quede atrás".

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dado detalles sobre las nuevas medidas para blindar el "escudo social" y ha asegurdo que "desde el Estado hay que aportar seguridad para que la gente pueda afrontar el impacto negativo de esta crisis sanitaria, social y económica", apelando a los derechos sociales recogidos en la Constitución Española y, en concreto, a los artículos –"el 35, 40, 41, 43, 57 o 128"–, que hablan de vivienda digna o derechos de los trabajadores.

Pablo Iglesias ha explicado que las ayudas sobre el alquiler estaban, con razón, entre las más demandadas de los últimos días porque es "la trinchera" desde la que la gente está resisitiendo, y ha anunciado varias medidas que, según los cálculos del Gobierno, podrían beneficiar a más de medio millón de familas:

  • Quedan suspendidos, desde hoy y hasta seis meses después de que finalice el estado de alarma, todos los desahucios, y también quedan prorrogados automátiamente todos los contratos de alquiler que estén a punto de vencer para que a nadie se le pueda subir el precio.
  • El Estado ofrece microcréditos públicos a interés 0 para inquilinos que podrán ser devueltos en un plazo de 6 años, ampliables a 10 si tienen dificultades.
  • Podrán acceder a esos microcréditos todas las personas en paro, trabajadores con reducción de jornada, víctimas de un ERTE o autónomos que vean su actividad significativamente recortada.
  • Pablo Iglesias ha explicado que se han previsto criterios muy amplios de vulnerabilidad, pero ha asegurado que si hay inquilinos que, aún después de haber accedido a los microcréditos no pueden hacer frente a los pagos de alquiler, todos ellos contarán con al ayuda del Gobierno: "El Estado no les va a dejar tirados y garantiza que nadie va a tener que dejar su casa".
  • Las medidas distinguen también entre pequeños propietarios y grandes tenedores o fondos buitre. "No es lo mismo una pareja de jubilados que complementa su pensión que un gran tenedor", ha explicado Iglesias. "Todos los pequeños propietarios van a recibir la renta íntegra. Los grandes tenedores, sin embargo, van a asumir una parte mediante quitas del 50% o reestructraciones para que el inquilino pueda pagarlo durante tres años. Los grandes tenedores tienen que arrimar el hombro"
  • Ampliación de la moratoria de hipotecas para que puedan beneficiarse todos los autónomos con la actividad suspendida o que haya bajado significativamente.
  • Ampliación de la prohibicón del corte de suministros básicos y del bono social, extendida a conjunto de la población españolas, de manera que las empresas de luz, agua y gas no podrán cortar el suministro a nadie.

Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha explicado que el Gobierno puede aspirar a completar la "cadena de solidaridad" puesta en marcha por la sociedad, pero que no puede reemplazarla.

A la espera del texto íntegro del decreto en el BOE, la Cadena SER había adelantado que el Estado preveía dotar a las ayudas para el alquiler 100 millones de euros para inquilinos vulnerables a través de microcrétditos finalistas. Fuentes del Gobierno estimaban que esas cuantías podrían rondar como media los 900 euros para el alquiler y otros 200 euros para el pago de los servicios básicos.

 
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