El Supremo rechaza de nuevo exigir a Sanidad más material de protección para los sanitarios

Madrid

El Tribunal Supremo ha rechazado por segunda vez en una semana una petición de medidas cautelarísimas para obligar al Gobierno a entregar más material de protección a los sanitarios allí donde hace falta. Los jueces reiteran que ahora mismo no hay pruebas de una inacción por parte del Ministerio de Sanidad pero tramitan el caso por la vía de las medidas cautelares: la administración tendrá que presentar sus propias alegaciones a través de la Abogacía del Estado.

Se trata de la respuesta de la sala de lo contencioso-administrativo a una nueva petición de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), explicando que en esta segunda ocasión sí han especificado a qué administración demandaban de forma concreta aunque criticando que, tal y como marca la Ley, no se hayan dirigido primero a dicha adiministración: "No nos ha dicho la Confederación recurrente que haya efectuado tal reclamación".

En este segundo, auto, con el magistrado Pablo Lucas Murillo como ponente, reiteran lo que dijeron en el primero: no hay pruebas de que el desabastecimiento de material de protección esté provocado por una inacción del Gobierno central, y por eso abren el proceso de medidas cautelares en el que ambas partes deben aportar pruebas sobre este asunto.

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Los jueces reconocen que la sala "conoce esas informaciones y acepta como hecho notorio que no disponen de todos los medios necesarios para hacer frente a la pandemia con la debida protección. Así resulta de las manifestaciones de profesionales afectados y de pacientes que transmiten los medios y de cuanto dicen las mismas autoridades que diariamente dan cuenta de sus gestiones para poner a disposición de quienes los necesitan los equipos de protección y, por tanto, admiten que aún no cuentan con todos los precisos".

En cualquier caso, matizan, "la cuestión jurídica a resolver en este momento, sin embargo, no es la insuficiencia de medios sino si puede ser reprochada como resultado de una inactividad antijurídica de la Administración y, mientras que no es discutible esa carencia, esta Sala carece de elementos suficientes para afirmar que existe tal inactividad y, mucho menos, sin oír antes a la Administración".