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Coronavirus Covid-19

El Gobierno plantea prorrogar los ERTE extraordinarios hasta el comienzo de la 'nueva normalidad'

Las suspensiones de empleo por fuerza mayor podrán mantenerse más tiempo aún en los sectores más golpeados por la crisis

Planta de fabricación de Mercedes-Benz en Vitoria.(EFE)

Planta de fabricación de Mercedes-Benz en Vitoria.

Madrid

La propuesta sobre los ERTE que el Gobierno lleva este jueves a la mesa de negociación con patronales y sindicatos pasa porque los ERTE por fuerza mayor, que en teoría decaerían en cuanto termine el estado de alarma, se prorrogen automáticamente hasta el comienzo de la nueva normalidad, es decir, hasta el final de la fase 3 de las que ha previsto el Gobierno en el marco de la desescalada, que llegaría como pronto a finales de junio.

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A partir de ahí, el Gobierno daría una prórroga adicional a algunos sectores, los más afectados y que necesiten más apoyo. Esos sectores, y el tiempo extra con el que contarán para mantener el ERTE por fuerza mayor, se irán determinando en los próximos días a la luz de la evolución de la situación económica.

También se facilita el enganche de los ERTE por fuerza mayor con los ERTE ordinarios: cuando haya que cambiar de uno a otro, dure lo que dure la negociación, una vez que haya acuerdo podrá contarse como fecha de inicio del nuevo ERTE la finalización del anterior, para no crear así vacíos de cobertura.

También se extenderán hasta la llegada de la nueva normalidad la posibilidad de cobrar el paro a los trabajadores en ERTE que no tienen el tiempo cotizado necesario como para acceder a la prestación, la prohibición de despedir y la disposición que mandata que a los trabajadores en ERTE no les cuente como consumido el tiempo de paro que estén usando ahora.

La exoneración para las empresas del pago de las cuotas de los trabajadores en ERTE se irían reduciendo paulatinamente a lo largo del verano. Ahora, las empresas de menos de 50 trabajadores están exentas del 100% de las cotizaciones y las de más de 50 trabajadores, del 75%.

El Gobierno quiere negociar esta propuesta con los agentes sociales y su objetivo es llevar un texto acordado al Consejo de Ministros del próximo día 5 de mayo.

 
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