Lunes, 10 de Agosto de 2020

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La Audiencia Nacional concluye que no hay "un mínimo dato" que involucre en la Púnica a Javier Monzón

Los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazan los recursos de la Fiscalía y ADADE, quienes pretendían que la Audiencia volviera a imputar al hoy presidente no ejecutivo del Grupo PRISA. Subrayan que en seis años de instrucción no ha aparecido "un mínimo dato" que involucre al expresidente de Indra en la Púnica. Contra la decisión de la Audiencia no cabe recurso

Javier Monzón

Javier Monzón / Luis Sevillano (El País)

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha refrendado el archivo inicial ordenado por el juez Manuel García Castellón, y rechaza así los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y Adade, quienes reclamaban que el expresidente de Indra, Javier Monzón, siguiera imputado en el caso Púnica en la pieza que investiga los supuestos pagos de esta compañía a la caja b del PP en Madrid.

En dos autos, los tres magistrados que componen el tribunal recalcan que a lo largo de la instrucción, que arrancó en 2014, "nadie ha señalado ni ha aportado dato alguno" respecto a que Javier Monzón tuviera conocimiento de los hechos objeto de investigación.

Los magistrados aseveran que no ha aparecido "un mínimo dato" que permita atribuir al presidente de Indra "el conocimiento de una actuación ilícita". Tampoco de los posibles delitos que hubieran podido cometer sus subordinados, porque existía una estructura en la empresa para prevenir y denunciar su existencia.

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, mantiene imputados a otros tres exdirectivos de Indra, Javier de Andrés, Santiago Roura y Jesús Gil, por organizar una supuesta trama de facturación falsa para encubrir pagos destinados a actos de campaña del Partido Popular en los comicios de 2007 y 2011. Solo en 2012, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Indra recaudó casi 600.000 euros para la formación conservadora, por orden de miembros del ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Contra la decisión de la Sala "no cabe recurso ordinario" alguno, según los autos de la Audiencia.

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