El Congreso da luz verde al ingreso mínimo vital sin ningún voto en contra

Madrid

El Congreso ha aprobado este miércoles el ingreso mínimo vital (IMV) que paliará la pobreza extrema de 850.000 hogares en España a través de una renta de entre 461 y 1.015 euros, con el apoyo de la mayoría de partidos: 297 votos a favor, 52 abstenciones y ningún voto en contra.

El PP, que no acababa de aclarar el sentido de su voto, finalmente ha votado a favor de su aprobación y Vox ha anunciado este mismo miércoles por sorpresa su abstención tras semanas criticando la medida, a la que llamaban "la paguita". "No votaremos en contra porque los compatriotas necesitan la ayuda, pero tampoco votaremos a favor",  ha dicho la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz.

Ruiz ha criticado que la medida no sea temporal y no esté condicionada a la búsqueda de empleo y ha considerado que es el "precio del pacto con el diablo firmado por Sánchez" para ser investido. Ha reiterado que el IMV supone ya un efecto llamada a los inmigrantes y ha afirmado que pone en riesgo el sistema de protección de la Seguridad Social.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá han defendido esta ayuda en el Hemiciclo. El vicepresidente admitió que "hay elementos (del IMV) que quedan pendientes" de ser recogidos en "un futuro desarrollo reglamentario" de la norma. Para Iglesias se trata del derecho "más importante desde la aprobación de la Ley de Dependencia".

La mayoría de los partidos ha felicitado una aprobación que era urgente, aunque algunas formaciones, como PP, Ciudadanos, ERC o JxCAT, han solicitado que su tramitación como proyecto de Ley para introducir cambios.

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El PP ha recordado que fue el presidente Mariano Rajoy el que impulsó la tarjeta social y ha criticado que el Gobierno se "apropie" de las competencias autonómicas y exceptúe al País Vasco y a Navarra. Considera que lo razonable habría sido presentar un proyecto de ley pactado con CCAA, ayuntamientos, tercer sector y con la oposición y que tuviera una memoria económica y un informe del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.

Ciudadanos ha abogado porque la prestación vaya ligada a un itinerario de inserción laboral desde la Ley para no esperar a su desarrollo reglamentario mientras que JxCAT ha apostado por analizar la compatibilidad de la renta con la prestación por hijo a cargo.

ERC ha considerado que la medida no debe ser reversible y ha incidido en que se debería modificar la condición de tener que acreditar un año entero de bajos ingresos y ha urgido extenderla a las personas en situación irregular.

Formaciones como el BNG o Más País han considerado que es insuficiente en cuanto a beneficiarios y cuantías mientras que otros partidos como UPN han pedido que sea gestionada por todas las Comunidades Autónomas. CC también ha pedido que sea compatible con las pensiones no contributivas.

Las claves del ingreso mínimo vital 

• Se podrá solicitar a partir del 1 de junio y se pagará a partir del 30 de forma retroactiva, es decir, que el primer mes ya tendrá a sus primeros beneficiarios. Hay hasta 3 meses para reconocer el derecho a la ayuda. Si no hay respuesta tras esos tres meses –tras el silencio administrativo– se da por denegada la ayuda.
• Documentación necesaria para solicitar la ayuda: firma de todos los miembros de unidad familiar; tarjeta familiar o inscripción en registro central de extranjería; empadronamiento, libro de familia; certificado de demandante de empleo; IRPF anual.
• Para hogares monoparentales, el mínimo son 462 euros para hogares de una sola persona y de hasta 977 en padres/madres solos con 3 o más niños.
• Para los hogares con dos adultos, el mínimo se fija en 600 euros y va creciendo con el número de hijos: 738 si se tiene un hijo, 877 si se tienen dos y el máximo de la ayuda 1.015 euros para quienes tengan 3 o más.
• Se establece como requisito principal para acceder a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogares, focalizando la ayuda en la "pobreza severa".
• Régimen de sanciones: Quien defraude podrá perder hasta 5 años ayudas sociales; quien pague en b y oculte rentas será considerado "cooperador necesario" en un delito de fraude.