El TC estudia una ponencia que declara inconstitucional el pago del impuesto fraccionado de sociedades

Entre los asuntos del orden del día del pleno que se celebrará hasta el jueves figura el análisis de la norma del gobierno del Partido Popular sobre el pago fraccionado del impuesto de sociedades cuya repercusión económica es indudable. La propuesta del magistrado progresista Juan Antonio Xiol responde a las preguntas formuladas por la Audiencia Nacional sobre este impuesto recaudatorio que considera inconstitucional.

Cumplir el déficit

Este sistema se puso en marcha en 2016, el exministro de hacienda Cristóbal Montoro, para que el Estado captara fondos de forma inmediata y pudiera cumplir con el objetivo de déficit que le pedía Bruselas. La Audiencia Nacional cuestionó su constitucionalidad y ahora el tribunal de garantías le da la razón a las empresas y bancos porque el pago fraccionado mínimo del Impuesto de Sociedades exige un esfuerzo económico anticipado que no se corresponde con la cantidad final devuelta por el Estado, al tiempo que merma las oportunidades de desarrollo e inversión de las empresas

Montoro

Este sistema funciona desde septiembre del año 2016 y obliga a las grandes empresas a efectuar tres pagos al año a las arcas públicas en marzo, septiembre y noviembre, en los que adelantan un 23% de su resultado contable a nivel global. Al año siguiente, Hacienda calcula lo que debería haber pagado esa empresa de Sociedades y le hace una devolución de las cantidades que ha ingresado de más aunque las empresas no perciben ninguna compensación financiera

Pérdidas importantes

La Audiencia Nacional sospechó que esta práctica podía adolecer de "serios vicios de inconstitucionalidad", ya que los pagos fraccionados generan "importantes repercusiones" en la situación financiera de las empresas que "no desaparecen por el hecho que Hacienda los devuelva posteriormente", de ahí que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional presentará una cuestión de inconstitucionalidad.

Ese "esfuerzo fiscal", afirma la Audiencia Nacional, tiene repercusiones "en la situación financiera de la empresa" y en "su actividad empresarial” y, por ello, si se protege constitucionalmente al contribuyente frente a cambios introducidos por el Gobierno a través del Real Decreto Ley en elementos esenciales del impuesto que afecten a la presión fiscal, no se entiende por qué se le debería desproteger durante el resto del periodo impositivo.

Repercusiones

Si se declarase la inconstitucionalidad de esta norma, el Estado tendría que buscarse una nueva forma de financiación que hasta ahora le salía gratis y además las empresas buscarían una compensación por todo el efecto financiero generado desde octubre del 2016 y enero del 2018 ante la Agencia Tributaria.

Cataluña

Los primeros asuntos que debatirán los 12 magistrados se refieren a recursos presentados por algunos de los condenados del procés con un previsible rechazo de las recusaciones presentadas por Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell.

El pleno resolverá además en sentido negativo las peticiones de suspensión de condena solicitada por otros condenados por el Tribunal Supremo en la misma causa, como las de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.

Código tributario catalán

El pleno del constitucional va a votar a una ponencia redactada por el magistrado Cándido Conde Pumpido en la que se considera constitucional el código tributario catalán pero con matices.

El borrador de esta sentencia considera que el código tributario catalán no es ajeno a la Constitución ya que se considera una estructura del Estado. Sin embargo algunos de sus artículos sí serán declarados nulos porque invaden competencias estatales cuando pretenden regular con carácter general.

La ponencia considera acorde con la carta magna que la ley tributaria se aplique a los impuestos de la comunidad autónoma, dándole así presencia como un subsistema propio de recaudación de impuestos dentro del ámbito estatal.

La Ley del Código Tributario de Catalunya fue aprobada en julio de 2017 y recurrida ante el constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy unos mese después. El tribunal ordenó la suspensión de los artículos hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto

Ley mordaza

Otro de los asuntos que debatirán los jueces gira en torno a la ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que fue recurrida por los grupos parlamentarios de la oposición al partido popular en 2015.

Devoluciones en caliente

La propuesta del magistrado Fernando Valdés Dal-Re, aboga por limitar las expulsiones en caliente que contempla la ley de seguridad Ciudadana, solo cuando el asalto a las fronteras de produzca con un intento de entrada masiva y violenta. De esta forma se establecen las condiciones en las que podrán ser expulsados los migrantes que pretendan entrar de forma irregular en nuestro país. En el resto de casos se deberán seguir los protocolos de asistencia jurídica y de información al migrante.

No requisar grabaciones

La sentencia que estudiarán los jueces también propone considerar inconstitucional. La potestad que tenia la policía de incautarse de las imágenes “no autorizadas” que cualquier ciudadano tome de las actuaciones públicas de los agentes.

Rodea el Congreso

En la redacción de la sentencia se anula la prohibición que impedía las manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados o Instituciones del estado que solo podrán prohibirse si las protestas coinciden con sesiones plenarias de la Cámara.