Un enfermero de Málaga, suspendido de empleo y sueldo por denunciar falta de protección ante el COVID-19

Madrid

José Javier García tiene 52 años y lleva 20 trabajando como enfermero del 061 en las calles de Málaga: accidentes de tráfico, traumatismos y emergencias médicas de todo tipo... Como parte de un equipo de coordinación avanzada, se mueve en una ambulancia no medicalizada (sin médico a bordo), pero que sí recibe apoyo telefónico permanente desde el centro de operaciones.

Como delegado de prevención por el sindicato CGT, además, dedica 20 horas mensuales a labores sindicales. Pero su experiencia durante la crisis del COVID-19 ha sido muy distinta de lo que cualquiera podría imaginarse porque el 20 de marzo acudió a la sede de la empresa para protestas por la falta de protección que estaban sufriendo y la empresa decidió suspenderle de empleo y sueldo.

La empresa concesionaria del 061 en Málaga llevó el asunto a los tribunales, de hecho, pero la Justicia archivó el caso. Lejos de retractarse, sin embargo, han decidido sancionarle con 72 días sin empleo y sueldo, alegando que irrumpió en la sala de operaciones sin autorización, poniendo en peligro a sus compañeros.

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"Tú lees la resolución y da la impresión de que la estaba liando parda, pero la realidad es que fui con autorización de mi jefe, que estuve dos minutos y que, de en realidad, no hice mucho ruido", explica por teléfono. "Mis compañeros están indignadísimos, pero la empresa ha conseguido lo que quería: que reine el miedo".

El enfermero andaluz señala que Málaga fue uno de los primeros lugares de España con pacientes de COVID (o sospechosos de serlos). "Los que trabajábamos a pie de calle no teníamos EPI porque la empresa había decidido reservarlos en un almacén y, a cambio, darnos unas batitas. Pero es que los centros de llamadas estaban completamente saturados. ¡Era un caos! Y se contrató a tanta gente para reforzar que no podía respetarse la distancia de seguridad. Pero es que encima se compartían equipos, micrófonos... Mis compañeros estaban asustados. Esa es la razón por la que yo, como delegado de prevención, me acerqué a la sala de coordinación. ¡En el centro de operaciones de Sevilla se han contagiado más trabajadores que entre los que hacemos trabajo de calle!".

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El 24 de marzo, en plena emergencia sanitaria y con el Gobierno reclutando estudiantes en las facultades de enfermería, el 061 de Málaga –según cuenta García– decidió suspenderle cautelarmente, obligándole a quedarse en casa e impidiéndole ejercer sus funciones como delegado de prevención. "He pasado por distintas fases", explica. "Frustración, impotencia, miedo al despido"...

"Se han sacado de la manga una norma del año 95 que dice que está prohibido entrar en la sala de operaciones, pero llevo 20 años en la empresa y siempre hemos entrado. Para saludar a los compañeros, para recoger llaves... Un correo de la empresa, de hecho, comunicó a posteriori que el acceso a esa sala estaba prohibido con efecto retroactivo, lo cual demuestra que hasta entonces era algo habitual".

Según la resolución del expediente abierto por la empresa, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, José Javier García acudió a la sede del 061 de Málaga a pesar de que "los procedimientos de acceso a la sala, establecidos para la seguridad y salud de los profesionales que allí trabajan, lo prohibían de manera expresa".

El documento alega además que "no resulta consistente la afirmación del interesado de que no vio el cartel que señalaba la prohibición de acceso" y detalla que la sanción se debe a faltas por "imprudencia en el trabajo, abandono del servicio, resistencia y obstrucción a los métodos de racionalización del trabajo y faltas graves de respeto".

El caos del enfermero andaluz ha generado mucha indignación entre sus compañeros y también entre sanitarios del resto de España (galardonados con el Premio Princesa de Asturias), que no comprenden cómo puede castigarse a un compañero por quejarse de una falta de protección que, por otro lado, ha sido la tónica habitual durante la crisis del coronavirus.

El sindicato CGT ya ha anunciado que va a llevar este caso a los tribunales y que ha convocado una caravana de protesta en Málaga el próximo día 30 de junio.