Las cabinas de teléfono, cada vez más cerca de su extinción: el Supremo da la razón a Telefónica
Su servicio aún se encuentra en vigor en una prórroga establecida hasta, al menos, 2021, pero la empresa ha conseguido que la Justicia le respalde en cuanto a su mantenimiento
Una cabina de teléfono con el aparato descolgado en plena calle de Barcelona. / Joan Valls vía Getty
Madrid
Las cabinas de teléfono son un servicio universal en España desde 2005, y desde entonces se ha obligado por ley a garantizar su mantenimiento. Pese a su cada vez mayor desuso, la titularidad volvió a recaer en Telefónica en el último proceso celebrado con fecha en 2018. Sin embargo, el Supremo ha dejado claro ahora que en ningún caso puede atribuírsele a la compañía la preservación de dicha red, a no ser que se celebre un concurso público y acabe desierto.
El Tribunal Supremo ha dado así la razón a Telefónica al sostener que el real decreto dictado en diciembre de 2018 por el Gobierno de Sánchez, que designó automáticamente a la compañía para dar el servicio de cabinas telefónicas, vulneró la ley pues debía haberse concedido a través de una licitación pública.
En su sentencia, la sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso de la compañía que, estaría analizando una posible reclamación al Estado por el coste de dicho mantenimiento, aunque no podrá dejar de prestar este servicio universal obligatorio ya que actualmente se encuentra en vigor el "indulto" que lo prorroga hasta, al menos, hasta 2021.
<p>Luis Peñosa, jubilado de Telefónica donde durante varios años fue responsable de las redes de todo el nororeste, cuenta cómo ha evolucionado la comunicación</p>
No se justifica la omisión de un concurso público
Según recogen los magistrados, Telefónica alegó que la disposición recurrida era contraria a la Ley General de Telecomunicaciones, que establece que la designación del operador para la prestación de un elemento del servicio universal se realizará "a través de un mecanismo de licitación pública que no se ha llevado a cabo en este proceso".
Así pues, apuntaba, "la prórroga o 'extensión' unilateral realizada por el Gobierno" no sólo carecía de cobertura legal, sino que además se había realizado "omitiendo el trámite de alegaciones" y había privado a Telefónica de "la toma de sus decisiones empresariales en un marco estable, predecible, claro y de certidumbre".
En su respuesta al recurso, la Abogacía del Estado defendía la decisión adoptada por el Ejecutivo ya que "obedecía a la necesidad de seguir las observaciones de la Comisión Permanente del Consejo de Estado", que ese mismo año aclaró a última hora que el intento de suprimir la obligatoriedad de este servicio que, por entonces, se estaba impulsando, debía hacerse por ley.
Sin embargo, el tribunal considera que esta circunstancia sobrevenida "no justifica" que se vulneraran las garantías del procedimiento, omitiendo un concurso público "que debe realizarse mediante un mecanismo abierto a todas las empresas que garantice los principios de objetividad, transparencia y no discriminación".
Una demanda que continúa a la baja
Actualmente, Telefónica es la encargada de mantener, no sólo las cabinas, sino el conjunto del servicio universal dado que, al quedar el concurso desierto año tras año, el Ministerio de Economía acaba designando a la compañía suministradora.
El coste de mantener las cabinas se ha venido incrementando en los últimos años. Los últimos datos apuntan que actualmente se sitúa en torno a los 4,5 millones de euros anuales, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revisa las condiciones de la prestación del servicio y que se refieren a 2016.
<p>En la provincia se mantienen 51 cabinas, según Telefónica, que seguirá prestando el servicio hasta finales de 2019</p>
A día de hoy existen unas 15.450 cabinas en la vía pública en todo el territorio nacional, aunque llegaron a sumar las 65.000 a finales de la década de 1990, según la multinacional española.
Según lo establecido, cualquier municipio con más de 1.000 habitantes ha de tener como mínimo una cabina instalada. No obstante, cada vez menos localidades cumplen dicho requisito. Esto lleva a desinstalar los míticos aparatos, lo que conlleva un coste asociado de mano de obra. Es decir, el servicio público ha pesado hasta ahora más que la rentabilidad.
De acuerdo con estos datos, cada cabina, servicio que comenzó a instalarse en las calles españolas en 1928, supone un coste medio de 291,3 euros al año, por lo que cada llamada de teléfono registrada sale de media a 2,5 euros.
