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Estudiantes de universidades públicas critican la gestión online: "Nos hemos convertido casi en autodidactas"

Califican las decisiones que han tomado el ministerio y los rectorados como "inestables", cuya comunicación sigue llegando "a cuentagotas"

Piden a la Administración que se les tenga en cuenta y exigen un cambio estructural del modelo universitario

Una universitaria estudia con ordenador y móvil durante el confinamiento / ALAIN JOCARD / AFP (Getty Images)

Madrid

En los últimos meses, la pandemia de coronavirus no solo ha llevado a una nueva normalidad, también ha recordado que el sistema ya tenía cuentas pendientes con la ciudadanía, ahora más latentes que nunca. Entre ellas, la restructuración de la Universidad Pública resulta primordial para el futuro, y así lo denuncia el colectivo de estudiantes tras meses de incertidumbre. El propio presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamando, reconocía recientemente en una entrevista para eldiario.es que las universidades “no estaban preparadas para la evaluación online” cuando llegó el confinamiento.

Los gobiernos que se han sucedido en los últimos años han ido deshabilitando el carácter social que engloba a los centros de enseñanza superior, dejándolos en un limbo de privatizaciones. Las universidades públicas cada vez dependen más del propio alumnado. Las consecuencias de esta deriva se han presentado de golpe: alumnas y alumnos ven peligrar su futuro académico, pero también su futuro laboral y la propia estabilidad económica de sus hogares si desean continuar estudiando, afirman, en el salto obligado de la docencia hacia Internet.

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Grieta digital y brecha social

Por un lado, la implantación inmediata de lo virtual ha subrayado la grieta digital entre alumnado (en su mayoría nativos digitales) y profesorado (plantillas que acumulan años sin renovar y se presentan en gran parte envejecidas); por otro, la conectividad que la situación exige también ha puesto sobre la mesa la brecha social que, aunque menos pronunciada que en la educación primaria o secundaria, se da entre estudiantes.

“Es un hecho innegable que la educación tradicional ya mostraba la brecha económica existente entre el propio estudiantado, y esta se acrecienta aún más con el estudio telemático. Desde estudiantes sin recursos informáticos adecuados hasta personas que deben hacerse cargo de labores domésticas, nos encontramos ante un gran número de personas que no puede hacer frente a este tipo de enseñanza de manera óptima”, señalan desde el Movimiento de Acción Estudiantil de Sevilla (MAE).

Además, la conformación de las plantillas universitarias también ha afectado al funcionamiento de las clases. Desde MAE recuerdan que “a menudo no ha existido docencia online” debido a que muchos profesores y profesoras no cuentan con conocimientos para el manejo de las tecnologías digitales.

No solo el envejecimiento de este sector, también la precariedad y la falta de conciliación para el grueso de profesores asociados ha sido un factor por el que muchos alumnos han perdido conocimiento, pero también dinero. “Nos hemos convertido casi en autodidactas, leyendo numerosos PDF por nuestra cuenta para prepararnos las asignaturas, sin explicaciones, y con tan solo alguna tutoría o consulta por email en caso de dudas”, lamentan desde la asociación sevillana.

Una gestión "inestable" y "a cuentagotas"

Así, los alumnos de las 50 universidades públicas españolas que funcionan de forma presencial llevan más de cinco meses en “una especie de versión demo” del cambio de modelo, como han entendido la sucesión de medidas que, desde el Ministerio de Universidades primero, y desde los rectorados más tarde, se han ido implantado. Muchos coinciden al definir la gestión de la educación superior como “inestable”, cuya comunicación además “llega a cuentagotas”.

María Naranjo estudia un máster de Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales en la Universidad de Sevilla, a esta alumna el confinamiento le pilló con su trabajo final a medias y aún con clases pendientes. “Cuando se canceló todo, en mi grupo teníamos clases por dar de muchas asignaturas, pero nadie se puso en contacto con nosotros para explicarnos qué pasaría o cómo suplirían esas clases, y a día de hoy seguimos esperando”, lamenta.

A pesar de que ha pagado todos los créditos que requiere dicho máster, lo ha terminado sin cursar todas las horas que indica el plan de estudios. No obstante, María ha tenido suerte: ha podido acabar su TFM, que defendió a principios de julio ante un tribunal de manera online, otros compañeros ni siquiera han podido por falta de material.

Con las bibliotecas cerradas, catálogos digitales incompletos, tutorías a medias… El paso definitivo para conseguir un título se ha rodeado de más obstáculos. “En mi caso, dio la casualidad de que durante la carrera ya había hecho un trabajo relacionado con el tema que elegí para mi TFM, por lo que tenía bibliografía en casa, lo que me facilitó mucho poder continuar desarrollándolo durante el estado de alarma, pero la mayoría no ha podido hacer nada”, reconoce esta joven.

El Ministerio de Universidades anunciaba el 15 de abril que el curso universitario concluiría en los plazos que marcaba el calendario, y que los estudiantes serían evaluados en ese tiempo. El texto llegó un mes después de que los campus echaran el cierre, y señalaba: “Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, desarrollará los procedimientos necesarios para realizar dicho objetivo”, exponía el texto del ministerio de Manuel Castells.

Las universidades partieron de las premisas del ministerio para ir decidiendo sobre la marcha la vía que cada una consideraba conveniente para encaminar el curso, es decir, evaluar los exámenes, los trabajos y abordar las defensas de las presentaciones finales. Para estas últimas, algunos centros optaron por videoconferencias, otros por la idea de un vídeo que los propios estudiantes debían grabar y enviar. En algunos casos se suprimió directamente la opción de defender.

Estas diferencias recuerdan el modelo universitario vigente y su financiación. Desde que se aprobara la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, el presupuesto para estos centros educativos corre a cargo de las Comunidades Autónomas y por ende de los propios alumnos, un punto de partida óptimo para la inflación y el desajuste.

"Nadie estaba preparado"

Las facultades han sido por lo general las encargadas de hacer llegar al alumnado todas las pautas que se iban implantando a modo de ensayo-error. No solo las medidas han resultado insuficientes, imprecisas o, a veces, ni siquiera han existido, como recuerda María: “En mi máster no se han hecho tutorías online, por ejemplo, algo que podría haber facilitado mucho. Los alumnos llegamos a enviar un escrito a los directivos quejándonos, pero nunca recibimos respuesta”, sino que la comunicación de las mismas tampoco ha facilitado el proceso. A pocos días de defender su TFM, esta alumna no tenía “ni idea” de cómo sería.

La Universidad de Sevilla optó por crear una aplicación para tratar de solventar este asunto. A través de ella, los alumnos envían a sus tutores los trabajos y mantienen el contacto con ellos, que también la utilizan para hacerlos llegar a los miembros de los tribunales y organizar los actos telemáticos de defensa. En la web de la Facultad de Filología, a la que pertenece el máster que estudia María, aparece un manual disponible para alumnado y profesorado donde pueden seguir las instrucciones para acceder a la aplicación y utilizarla correctamente.

Es decir, la teoría está, pero la práctica parece otra cosa. “Al hecho de que el profesorado carece de formación adecuada para manejarla y, en definitiva, para adaptarse a internet, hay que añadir que la plataforma suele presentar problemas de conectividad a menudo” apuntan desde MAE. En ese sentido, María insiste: “No entiendo por qué la universidad se está gastando tanto dinero en hacer una aplicación si no empieza por formar a los profesores y profesoras y por informar a los alumnos a través de correos sobre qué se va a hacer y cuáles serán los pasos a seguir”.

Entre incógnitas lo ha vivido también Alba Gutiérrez, estudiante del Máster de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Valencia. “Tengo la sensación de que nadie estaba preparado y todo se realizaba sobre la marcha. Es cierto que mis profesores han puesto los mejores ánimos, teniendo en cuenta que es un panorama al que nadie está acostumbrado” reconoce, pero insiste en el añadido de la incertidumbre: “Los fechas de exámenes, por ejemplo, las modificaban sobre la marcha, y eso nos ha puesto al estudiantado en un punto de desventaja ya que no solo debíamos prepararnos la prueba de evaluación, sino hacerlo con el miedo a que fallara la conexión, o a que por error o por colapso quedara bloqueada la página, y por tanto perder la prueba”, señala esta ingeniera biomédica.

Más inconvenientes en áreas científicas y técnicas

Los grados y másteres de carácter científico como el de Alba se han visto especialmente afectados con la no presencialidad. Junto a estos, también los técnicos como las ingenierías, Arquitectura o Bellas Artes, entre otros, que están planteados desde la necesidad de asistir frecuentemente a un laboratorio o taller. Con estos espacios cerrados, el alumnado apenas ha podido avanzar. La solución más generalizada en dichos casos ha sido la de prolongar el curso más allá de septiembre, es decir, retomar en el próximo curso las horas pendientes sin necesidad de pagar nueva matrícula, como plantea la UPV, aunque medidas como esta siguen estando en el aire debido a la situación de rebrotes que protagoniza el virus.

Por ello, más factible parecía ser la opción de pasar un trabajo práctico a teórico que algunas universidades han ofrecido, pero esto tiene inconvenientes, apuntan, más allá del desgaste de tiempo que supone para quien ya había invertido horas en una investigación o un proyecto. Lo subraya Andrea Paricio, que acaba de defender así su trabajo final del grado de Bellas Artes en la UPV: “No tiene sentido para estudiantes enfocados a un campo práctico hacer un trabajo final teórico ya que quedarían por detrás de otros compañeros que sí los han hecho, es un inconveniente para poder acceder a programas de doctorado o a becas. Es decir, supone una diferencia negativa a la hora de acceder a oportunidades laborales y académicas”.

Paricio es vicepresidenta del Consejo Interuniversitario Valenciano de Estudiantes (CIVE) y forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP). El pasado 12 de julio compareció en las Corts valencianas para presentar las reivindicaciones del colectivo al Gobierno de dicha comunidad autónoma. En su comparecencia, puso de relieve el precio a pagar por el alumnado que dejan medidas de este tipo, quedando sujetos a cambios que podrían afectarles seriamente en su futuro. “No solucionan el problema ya que los estudiantes que eligen estas titulaciones están enfocados a realizar prácticas específicas y han pagado unas tasas de matrícula muy altas, con niveles de experimentalidad elevados para, precisamente, poder utilizar recursos e infraestructuras concretas”, reconoce.

"La burocracia no ha ayudado"

Este es uno de los numerosos motivos por los que las asociaciones estudiantiles piden cambios estructurales para el próximo curso, como la modificación del sistema de financiación porque, en palabras de Paricio, “es muy grave que la universidad se base en lo que pagan los estudiantes por los suspensos”. La solución, aseguran los colectivos, empieza por reducir el precio de las tasas de primeras y segundas matrículas y modificar los requisitos para optar a una beca de cara al curso que viene, pero apuntan que junto a ello también es necesario un cambio estructural del planteamiento en el conjunto universitario.

La reforma de los precios públicos, la negociación del nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) y la modificación del sistema de becas eran marcos abiertos para el ministerio de Castells tras conformarse el nuevo Gobierno, pero a día de hoy siguen limitándose al papel como promesas para los próximos años ante una lluvia de críticas que aseguran que el plan del ministro mantiene las bases del plan Bolonia: grupos demasiado numerosos, falta de personal docente, nóminas lejos de ser acordes, y planes anclados que dan lugar a una pérdida constante de capital intelectual.

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Hasta la fecha, grupos de estudiantes como MAE señalan que “la burocracia ya existente no ha ayudado en prácticamente nada a esta difícil situación, los requisitos que se exigen para estudiar a parte de ser rebuscados son en muchos casos imposibles para multitud de familias que se han visto gravemente afectadas económicamente durante la pandemia”.

En este sentido, las universidades han permitido a los alumnos demorar, por ejemplo, el pago de matrícula hasta diciembre en caso de haber elegido al inicio del curso pago fraccionado, aunque no les han eximido del abono. A mediados de junio, más de 4.000 alumnos se habían desmatriculado de la US de cara al próximo año, según señala la propia universidad, que reconoce que “un número importante de las asignaturas anuladas son trabajos fin de estudios y prácticas externas que no se han podido realizar con motivo del Estado de alarma”. Precisamente de esto parte Gómez Villamondo para asegurar que “ya no hay un escenario de compensar nada porque algo se ha hecho”.

El futuro que viene

Sofía Fernández es estudiante de Medicina en la Universidad Miguel Hernández. Desde Alicante, donde reside lejos de su familia (la ubicación de las universidades, que obliga a miles de alumnos a residir fuera de sus hogares, es decir, a la movilización constante y la carga económica que ello conlleva, es otra problemática a la que hacía referencia Paricio de cara al nuevo cuatrimestre), Sofía intenta aguantar el tirón pese a no saber cuándo podrá retomar o empezar la etapa final. Ha podido cerrar y defender su trabajo final, pero ahora le llega el MIR.

Al grito de “Somos los becarios de la Sanidad”, este colectivo lleva semanas manifestándose ante el deterioro de sus condiciones laborales, y están llamados a la huelga el próximo 22 de septiembre. A las puertas de formar parte de esta marea, Sofía resalta el achaque psicológico para muchos alumnos como ella: “Creo que una de las primeras consecuencias de la gestión universitaria en mi carrera ha sido que la situación está enfriando mucho el ánimo, que son fundamentales para unos estudios a los que de por sí, pienso, nadie entra demasiado animado, porque sabes que son muchas horas y requieren mucha dedicación”.

La pandemia también ha traído consigo dudas e inseguridad para esta estudiante. “Te das cuenta de hasta qué punto el sistema sanitario se apoyaba sobre la labor de los residentes, los nuevos, a los que se les confía tareas de mucha responsabilidad como atender solos una planta de hospital, atender solos las urgencias, consultas… Por un sueldo que ni siquiera llega a 1000 euros”, comenta al respecto.

La precariedad en el ámbito laboral no es ninguna novedad para los más jóvenes que, sin embargo, ven "aún más complicado que antes" encontrar un empleo en la línea de sus estudios, lamenta María. Esta filóloga asegura que en el ámbito académico la situación no está mejor. "Sabía dónde me metía cuando empecé a estudiar esto, pero es cierto que ahora ya nadie te asegura un puesto, hay un sí pero no, porque las academias aún no saben si les saldrá rentable tenerte trabajando desde casa", y añade que "no existe un sistema que soporte el nuevo panorama".

A un mes de septiembre, cuando las clases podrían comenzar alternando lo online y lo presencial, consideran que las instituciones no les están escuchando. Desde MAE apuntan que “el ministro de Universidades, Manuel Castells, adolece de una desconexión total de la vida universitaria, es imposible pensar que el estudio telemático ha sido implantado con éxito cuando los estudiantes no hemos sido escuchados en el proceso”.

 
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