Un magistrado del Constitucional estudia presentar su renuncia tras ser denunciado por violencia machista

Madrid

El magistrado del Tribunal Constitucional —a propuesta del PSOE— Fernando Valdés está decidido a "apartarse de forma voluntaria" de la composición del Tribunal de Garantías para "no dañar la imagen de la institución" aunque la denuncia " no tenga ningún fundamento", según ha reconocido a la Cadena SER.

La Guardia Civil le detuvo en su domicilio después de que unos vecinos que paseaban por el que hay frente a su casa escucharan una fuerte discusión con su pareja. Según ha reconocido el magistrado a la Cadena SER, la discusión fue verbal y "algo subida de tono" aunque en ningún momento hubo violencia verbal ni física. De hecho, no hay ninguna denuncia por parte de la pareja del magistrado, ni parte de lesiones.

Discusión a gritos

Los hechos se produjeron la noche del lunes en el domicilio conyugal de Majadahonda, municipio del noroeste de Madrid, cuando dos jóvenes que paseaban por el jardín próximo a su domicilio escucharon una fuerte discusión y llamaron a la Guardia Civil.

Loa agentes se personaron en la residencia y, dos horas después, decidieron detener al magistrado que "en ningún momento" esgrimió su condición de juez. Eso sí, explicó a los agentes las circunstancias derivadas de sus problemas de salud, por lo que fue conducido al hospital Puerta de Hierro, donde ha pasado la noche custodiado.

Esta mañana ha pasado a disposición judicial de la magistrada de guardia de los juzgados de Majadahonda, quien le ha dejado en libertad sin medidas cautelares y ha dictado un auto en el que decide que no puede abrir la instrucción y remite el caso al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del magistrado del Constitucional.

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Según informa el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 del Majadahonda (Madrid) ha acordado la libertad de Fernando Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional, detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la supuesta comisión de un delito de violencia sobre la mujer. La autoridad judicial ha adoptado esta decisión tras valorar el estado de salud y la edad del detenido, teniendo en cuenta la epidemia sanitaria derivada del COVID-19 y que, por su condición de magistrado del TC, está aforado ante el Tribunal Supremo".

Renuncia voluntaria

El presidente de la institución, Juan José González Rivas, ha interrumpido sus vacaciones en Galicia y se traslada a Madrid para abordar esta misma tarde la crisis derivada por este asunto en el seno del Constitucional.

El presidente puede encontrarse la renuncia del magistrado Fernando Valdés encima de la mesa, en cuyo caso, si cumple los requisitos que contempla el Reglamento orgánico del Tribunal Constitucional, convocará un pleno gubernativo formado por todos los magistrados  menos el afectado) que estudiará la renuncia.

Aunque durante el periodo de vacaciones hay una sala especial de magistrados para tramitar asuntos urgentes, no podrán estudiar el caso dada su trascendencia y urgencia, por lo que el presidente convocará a los once magistrados de forma inmediata.

Segunda investigación penal

Fernando Valdés se convierte en el segundo magistrado del Tribunal de Garantías que se ha visto envuelto en una investigación penal y el primero en hacerlo por un caso de violencia machista. Enrique López, actual consejero del gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y apartado del Tribunal de Garantías.

Renovación

Valdés es uno de los cuatro magistrados que deben ser relevados después de haber caducado su mandato desde hace un año. Tenía ponencias pendientes de discusión como la ley de seguridad ciudadana

Desde 2012

Valdés (Valladolid, 1945) catedrático de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, fue designado por el Congreso y entró a formar parte del Tribunal de Garantías en 2012, lo que supuso su retorno a la institución donde fue letrado entre 1983 y 1985. También fue director general del Servicio Jurídico del Estado (1986-1990) y Consejero de Estado durante ese mismo período.