El Gobierno propone que la compensación de costes a los teletrabajadores espere al final de la pandemia

La nueva versión de la Ley de Trabajo a Distancia, que tras varios meses de diálogo y negociación con los agentes sociales está ya prácticamente lista para su aprobación, incluye una novedad importante que, en la práctica, retrasa las nuevas obligaciones que la norma impone a los empresarios al final de la crisis sanitaria causada por la pandemia. Un redactado que daría así satisfacción a una demanda de la patronal, expresada en la reunión del pasado martes, de no aplicar la nueva norma con toda su fuerza durante la situación excepcional creada por el COVID-19.

El texto pone finalmente plazos a la aplicación de la normativa de teletrabajo y sobre todo a su parte esencial: al acuerdo entre la empresa y el trabajador en el que hay que especificar las condiciones de teletrabajo: el inventario de material dado por la empresa, los mecanismos de compensación de los costes en los que incurra el teletrabajador y los horarios, entre otras materias. La Disposición Transitoria Primera dice que, como regla general, a los tres meses de la aprobación de la ley habrá que firmar este acuerdo, pero en la Disposición Transitoria Tercera especifica que quedarán exceptuadas de esa obligación las empresas que estén aplicando el teletrabajo de forma excepcional por la crisis del COVID. Dado que el teletrabajo en España era una realidad residual antes de la pandemia, este cambio implica una prórroga en la aplicación de las nuevas obligaciones hasta que vuelva la normalidad.

Por otro lado, las empresas con acuerdos de teletrabajo en vigor tendrán hasta un año para adaptarse a la nueva normativa, una importante reducción del plazo inicial, de tres años, planteado en el anterior borrador, y que los sindicatos consideraban excesivo. Además, tal y como se pactó al término de la reunión del martes, se aumenta del 20% al 30% el porcentaje de trabajo realizado fuera del centro de trabajo para que se aplique la nueva regulación.

Otras demandas de los agentes sociales no han recibido respuesta: por ejemplo, la inclusión en el acuerdo de teletrabajo del personal laboral de la Administración. Los sindicatos quieren que estos trabajadores gocen de la misma protección que el resto de los asalariados, y las patronales que la administración tenga las mismas obligaciones que las empresas privadas; pero finalmente, el último redactado del ministerio de Trabajo mantiene que estos empleados públicos tendrán que esperar a una norma diferente.

La intención del gobierno, si el texto recibe el visto bueno de los agentes sociales, es aprobarlo como Real Decreto-Ley en el Consejo de Ministros de la semana que viene.