Viernes, 27 de Noviembre de 2020

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El Constitucional avala la toma de imágenes de la Policía y su difusión en espacios públicos

El pleno del Constitucional estudia también la propuesta que admite las devoluciones en caliente de migrantes irregulares y el registro integral de sospechosos por parte de la Policía

Agentes de la Policía Nacional junto a un coche patrulla.

Agentes de la Policía Nacional junto a un coche patrulla. / POLICÍA NACIONAL - Archivo (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) debatirá en pleno la propuesta que avala declarar la constitucionalidad de las denominadas devoluciones en caliente de migrantes irregulares. El Tribunal de Garantías aplicará la sentencia dictada el pasado mes de febrero por Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El debate forma parte de la revisión que efectuará el Tribunal de Garantías de los recursos contra la Ley de Seguridad Ciudadana, presentados hace ya cinco años por el PSOE y Unidas Podemos, después de ser aprobado por mayoría absoluta del Partido Popular.

La propuesta anterior firmada por el magistrado Fernando Valdés solo respaldaba las devoluciones en caliente siempre y cuando se dieran dos condiciones: que la entrada de los migrantes fuera masiva y con violencia. La nueva propuesta coordinada por el presidente del TC, González Rivas, asume la totalidad de la doctrina del TEDH, sin la condición previa del asalto masivo y con el uso de fuerza.

El Tribunal Europeo condenó a España y dio la razón a dos migrantes de Mali y Costa de Marfil que fueron expulsados a Marruecos tras entrar ilegalmente en Melilla en agosto de 2014, ya que según argumentaban los magistrados europeos, ambos "se pusieron en una situación de ilegalidad", al acceder "a lugares no autorizados, en un grupo numeroso, aprovechando el efecto masivo y recurriendo a la fuerza".

Toma de imágenes de la Policía

El pleno también estudiará la propuesta que considera inconstitucional la autorización previa para poder grabar y difundir imágenes de la Policía en manifestaciones o actos celebrados en espacios públicos. El proyecto considera que esta condición implica una censura previa contraria a la libertad de información.

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 proponía sancionar administrativamente a quienes graben o difundan imágenes de la policía en el ejercicio de sus funciones. Si el texto sale adelante, la Policía no estará habilitada para requisar aparatos de grabación e, incluso, para eliminar imágenes grabadas en un espacio público. Eso sí, con ciertas limitaciones como las que afecten a menores de edad.

Registro con desnudo integral

El análisis que realizarán los magistrados de la Ley de Seguridad Ciudadana desestima el recurso presentado contra la norma que permite a la Policía el desnudo integral de sospechosos con algunos matices. Para empezar, la proporcionalidad de la medida o, por ejemplo, no podrán ser objeto de la práctica de un cacheo-registro con desnudo integral las personas que sean trasladadas a dependencias policiales con el único objeto de proceder a su identificación, ya que estos ciudadanos no se consideran detenidos y la ley de referencia solamente les impone el sometimiento a un control superficial sobre los objetos que portan las personas a identificar, lo que podría comprender el cacheo superficial sobre sus ropas o su vestimenta externa.

El registro con desnudo integral, según la propuesta del TC, no vulnera la Constitución siempre que se efectúe en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Además, se debe dejar constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó. Los magistrados precisan que la norma no vulnera los derechos de los ciudadanos siempre que se interprete conforme a lo que ellos dicen en su resolución. Es decir, que sea de forma individual (evitando la práctica a varios detenidos a la vez), ante los funcionarios que asuman la custodia del detenido (si es posible, en presencia de los funcionarios que realizaron la detención) y respetando en todo momento la intervención de funcionarios del mismo sexo que el del detenido. Se realizará en dependencias contiguas a los calabozos y de la forma que menos perjudique a la intimidad del preso o detenido.

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