El 99,5% de las solicitudes de nacionalidad quedaron sin resolver de 2015 a 2018

Madrid

La fiscalización del Tribunal de Cuentas del programa 113M "registros vinculados con la fe pública", ejercicio 2017, del Ministerio de Justicia revela una gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia que tras analizar un periodo de ocho años el organismo califica de "prácticamente inexistente".

El Tribunal de Cuentas denuncia en particular la "poca eficacia" de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente de la subsecretaría del Ministerio de Justicia, fundamentalmente en los años de 2015 a 2018, "periodo en el que la eficacia de la gestión de los expedientes del procedimiento nuevo entre 2015 y 2018 fue prácticamente nula, quedando sin resolver al final del periodo el 99,5 % de las solicitudes presentadas".

En cuanto a los expedientes antiguos anteriores a 2018, la Dirección General los Registros y el Notariado tramitó solo el 29% y los que entraron nuevos a partir de enero de 2019, cuando se resuelvan, "prácticamente el 100% lo harán fuera de plazo".

De los expedientes que acabaron en los tribunales por haber sido denegadas, el 81% fue por silencio administrativo, una dejación que en 2017 supuso un agujero en las arcas públicas de 661.045 euros por condenas a costas. Según recoge informe, "de los 3.281 presentados en 2018, el 81 % correspondía a denegaciones por silencio. La tardanza en la resolución de los expedientes traslada en estos casos a los tribunales, con perjuicio económico para los interesados, la tarea de decidir sobre la concesión o denegación de la nacionalidad".

En el momento de la fiscalización, los consejeros se encontraron con un total de 355.548 peticiones de nacionalidad a 31 de diciembre de 2018, un 31% antiguas solicitudes y 69% nuevas. "Al menos desde 2010, ya había 297.000 expedientes sin resolver". Cierto es que de 2010 a 2005 hubo un crecimiento de 374% y en 2010 hubo otro incremento del 85% respecto de 2005.

En relación a las tasas, Justicia ingresó 24,7 millones de 2015 y 2018 en tasas a solicitantes, el tribunal reprocha tal cantidad no haya repercutido e la gestión y reclama al ministerio que elabore un plan definitivo para ponerse al día.

Impacto directo en residentes

Retrasos de años que repercuten directamente en los solicitantes. Según la ley, una persona que tramita la petición de nacionalidad por residencia tiene que haber vivido en España los últimos diez años y dos en el caso de los países de Iberoamérica, es decir, son ciudadanos que están haciendo un trámite con un fuerte arraigo en el país sin los derechos que van asociados a la ciudadanía.

Con este atasco, en 2012 el Ministerio de Justicia puso en marcha un plan intensivo que implicaba digitalizar los expedientes. Para impulsarlo aún más, la regulación para adquirir la nacionalidad española cambió en 2016 (Ley 19/2015) con el objetivo de establecer un sistema administrativo basado en la tramitación electrónica, que acortara los plazos de resolución y pusiera fin a los retrasos de los años anteriores. Con la nueva norma, el trámite es digital y el examen de integración en la sociedad, así se denomina, consiste en dos pruebas en el Instituto Cervantes, uno de lengua española y otro sobre 'Conocimiento Constitucionalidad y sociocultural de España".

De poco ha servido. En los trámites de las solicitudes de nacionalidad española, a 31 de diciembre de 2018, seguían sin resolver 355.548 expedientes. La fiscalización señala también la "deficiencia de control interno, la carencia de un registro completo y fiable de las solicitudes de nacionalidad y el insuficiente seguimiento".

Notarios y registradores al margen de la ley

En cuanto al personal de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN), el tribunal ha detectado un incumplimiento en el número de notarios y registradores colocados por las tres anteriores direcciones generales y cuyo "número excede con mucho el máximo de tres notarios y tres registradores permitido por la ley".

En el momento de la fiscalización, había 17 - 11 más de los permitidos - "nombrados en 2014 y 2015" cuando "la duración de sus comisiones había superado sobradamente el plazo máximo previsto en la norma" y al margen de las comisiones extraordinarias para las que fueron nombrados. Además, entre 2014 y 2019 se incorporaron 30 colaboradores que en la actualidad deberían de estar cesados.

En sus alegaciones, la Dirección justificó estos contratos externos en el marco del Reglamento Hipotecario, aprobado en 1947, una interpretación que rechaza el Tribunal de Cuentas ya que debe primar la Ley Hipotecaria actual.