Jueves, 13 de Mayo de 2021

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La Iglesia se suma a la oposición a la nueva ley educativa

Apoya las manifestaciones convocadas por la escuela concertada y llegado el caso también están a favor de un recurso ante los tribunales

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Javier Argüello García.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Javier Argüello García. / Óscar Cañas (EUROPA PRESS)

Los obispos han aprobado una declaración en la dicen que "comprenden y comparten" las protestas contra la nueva ley de educación impulsadas por la plataforma que agrupa a organizaciones de la escuela concertada en la que la mayoría son centros católicos. Consideran que la LOMLOE no garantiza suficientemente la libertad de enseñanza y el derecho de las familias a elegir un centro de este tipo.

El portavoz de la Conferencia Episcopal ha asegurado que respaldará un recurso en el Tribunal Constitucional si no hay cambios en la ley antes de que sea aprobada definitivamente." Nosotros queremos seguir haciendo un llamamiento al diálogo, al pacto, al encuentro, pero diciendo que estamos dispuestos a apoyar cualquier demanda de anticonstitucionalidad si finalmente la ley aprobada tiene estos aspectos inconstitucionales", ha avanzado el portavoz y secretario general, Luis Argüello.

La nueva ley, que ayer fue aprobada por el Congreso y ahora está en el Senado, mantiene el sistema de doble red educativa actual, con escuelas públicas y privadas concertadas, pero prima la pública. La norma señala que la obligación de las administraciones para garantizar el derecho a la educación es que haya una "oferta suficiente de plazas públicas" y añade que "las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública." Además elimina algunas medidas en favor de la concertada que introdujo la ley anterior, la Lomce, como la posibilidad de ceder suelo público para la construcción de colegios concertados o que la programación de plazas escolares tenga en cuenta la "demanda social" para decidir si son públicas o concertadas. Todo esto ha sido visto como un ataque por el sector de la concertada y también por los obispos que piden que ese concepto de demanda social se mantenga: "afirmamos, de nuevo, que la ley debería recoger la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo: libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de centro y propuesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones".

Los obispos también han lamentado la pérdida de peso de la asignatura de religión que en la nueva ley dejará de contar para la nota media. Quienes no la elijan no tendrán que cursar además una alternativa. La Religión seguirá siendo de oferta obligatoria en todos los colegios, incluidos los públicos, pero como hasta ahora es el alumno el que decide si la estudia. "En diálogo con el Ministerio, la CEE ha recordado que no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, para que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación integral", dice la declaración .Por eso, ha propuesto que la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común para todos los alumnos, en un modo que no genere para nadie agravios comparativos". Arguello ha asegurado que el ministerio de Educación no ha respondido a esa propuesta.

El secretario general comparecía para explicar los acuerdos de la asamblea plenaria en la que también se ha aprobado otra declaración sobre la crisis migratoria en Canarias. En ella se advierte a la Unión Europea y al Gobierno que "no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema". También se incide en la necesidad de dar un trato digno a las personas que llegan a España "no podemos permanecer ajenos a su dolor ni indiferentes a la hora de valorar la extraordinaria aportación de los que llegan a nuestras sociedades envejecidas. Tampoco podemos obviarla complejidad de situaciones que convergen en este drama (...) La necesaria regulación de las migraciones pasa por abordar sus causas para asegurar el primer derecho de un emigrante, permanecer o regresar a su casa de manera voluntaria".

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