El Supremo rebaja las condenas de la trama corrupta Pretoria en Santa Coloma de Gramenet

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido rebajar ligeramente las condenas de cárcel impuestas a los líderes de la trama corrupta Pretoria por varios pelotazos urbanísticos ilegales entre 2002 y 2009 en las localidades catalanas de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. La sentencia examinó las condenas de cuatro de los miembros de la red corrupta: los otros siete no recurrieron la sentencia de la Audiencia Nacional.

Según la Justicia, esta trama corrupta bautizada como Pretoria estaba liderada por el exdiputado del PSC en la década de los ochenta Luis 'Luigi' García, el "conseguidor" que usaba sus contactos políticos para poner en marcha los pelotazos urbanísticos con una mano en la administración local y la otra en los empresarios y constructores, consiguiendo a cambio comisiones tanto para él como para los cargos públicos que colaboraban en sus planes.

El Supremo ha decidido rebajar a 4 años y 2 meses de cárcel la condena impuesta al exdiputado del PSC al absolverle de un delito de falsedad documental y rebajar la condena impuesta por cohecho, por los más de 7 años que le impuso la Audiencia Nacional en un primer momento. También rebaja la condena del empresario Josep Singlá a 1 año y 4 meses de cárcel y la del administrador de sociedades Manuel Valera a 1 año y 8 meses de cárcel.

La condena que confirma íntegramente el Tribunal Supremo es la de 5 años, 8 meses y 28 días de cárcel del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, por ser uno de los principales colaboradores de Luis García. Él seguía sus directrices y "lograba la final aprobación de los acuerdos por el pleno" del ayuntamiento, "percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas contraprestaciones económicas".

Multas y comisiones millonarias

La sentencia del Tribunal Supremo, que ha tenido como ponente al magistrado Pablo Llarena, rebaja las condenas de algunos de los acusados sobre todo por las dilaciones indebidas del proceso. La sentencia confirma que las tres operaciones urbanísticas acarrearon un botín de 5,8 millones de euros para todos los implicados, además de las dádivas recibidas por los políticos que también superaban los cinco millones por ejemplo en el caso de Lluís Prenafeta.

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El Tribunal Supremo no ha examinado, por tanto, las condenas de siete de los penados por la Audiencia Nacional que no recurrieron, uno de ellos fallecido hace dos años. Entre ellos están los exconsellers de la Generalitat de Catalunya, Maciá Alavedra (fallecido en septiembre de 2018) y Lluís Prenafeta, que fueron condenados a caso dos años de prisión porque, según la Audiencia Nacional, "se concertaron con García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares".