Tribunales
Ciudad de la Justicia Madrid

Anticorrupción pide 8 años de cárcel al exconsejero Alfredo Prada por la Ciudad de la Justicia de Madrid

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra el exconsejero de Justicia madrileño, a quien solicita la máxima condena entre los acusados por prevaricación y malversación, mientras que reclama 6 años de cárcel a otros cinco implicados. El Ministerio Público destaca que causaron un agujero de 355 millones de euros infringiendo las más elementales normas de contratación, para ejecutar un proyecto que fue abandonado

Alfredo Prada (PP). / Servicio Ilustrado (Automático) EUROPA PRESS

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional su escrito de conclusiones provisionales respecto a la pieza separada correspondiente a la primera fase de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid entre 2005 y 2008.

El Ministerio Público solicita 8 años de cárcel por delitos de prevaricación continuada en concurso con malversación de caudales públicos para el exconsejero de Justicia y como tal, consejero delegado del proyecto Ciudad de la Justicia de Madrid, Alfredo Prada, y seis años de presidio para otros cinco miembros de la estructura directiva del proyecto, Isabelino Baños, Mariano Sanz, Alicia de las Heras, Felix García Castro, y el comisario Andrés Gómez Gordo, director de seguridad que también está imputado en la operación Kitchen.

Múltiples irregularidades en la contratación y empleo de tarjetas de crédito sin justificar

Según la Fiscalía, los acusados concertaron contrataciones del proyecto con "deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de la contratación", llegando incluso a seleccionar el adjudicatario "al margen del procedimiento y en numerosas ocasiones, previamente" al mismo.

Entre las irregularidades detectadas, Anticorrupción destaca la "utilización sistemática" del opaco procedimiento negociado y el fraccionamiento de contratos, la inexistencia de contratos o estudios sobre el coste de los mismos, incumplimiento de los pliegos, o el alto componente de subjetividad en las adjudicaciones. También el empleo irregular de tarjetas de crédito, con viajes abonados a cargo del erario público que carecían de justificación, o la contratación arbitraria de personal sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad o sin publicitar los procesos de su elección.

Casi duplicaron el coste para abandonar el proyecto

El proyecto, que nació con el mandato de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pretendía unificar en un mismo espacio todos los edificios judiciales y contó con un presupuesto inicial de 200 millones de euros, que debían ingresarse con la venta de inmuebles judiciales. Sin embargo, la Comunidad solo pudo percibir 75 millones por este concepto y finalmente el gasto casi se duplicó, al superar los 355 millones de euros.

A pesar del coste, la Ciudad de la Justicia no se construyó y la iniciativa fue abandonada. Quedan solo algunos túneles de intercomunicación de edificios, un inmueble inacabado sobre un solar cubierto de rastrojos, una pluralidad de maquetas de edificios, libros y folletos del proyecto.

 
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