El Supremo deja sin placa a un policía condenado por secuestrar a una mujer que no quería sexo con él

El Tribunal Supremo ha negado la rehabilitación a un agente de Policía Nacional condenado por detener ilegalmente a una mujer porque no había querido mantener relaciones sexuales con él y su compañero. Los jueces explican en su sentencia que con su actuación "la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado se vio seriamente afectada" y rechazan darle la razón porque la víctima le perdonase delante de un notario.

Según la documentación del caso a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los hechos ocurrieron en la puerta de la discoteca New Garamond de Madrid de madrugada en abril de 2009. Los dos policías estaban fuera de servicio y de fiesta cuando abordaron a una mujer brasileña proponiendo que mantuviese relaciones sexuales con los dos: ella se negó y fue entonces cuando sacaron sus carnets de Policía Nacional.

Según la sentencia que zanjó el caso por la vía penal, los dos "la sujetaron del brazo, retorciéndole la muñeca, exhibieron sus respectivos carnets profesionales y le dijeron que estaba detenida por no tener papeles". Fue introducida "a empujones" en su coche en la glorieta de Cuzco mientras ella "daba gritos pidiendo auxilio", lo que alertó al conductor de un coche-grúa, que les siguió mientras se saltaban los semáforos de Bravo Murillo: fueron interceptados por otros agentes que liberaron a la mujer. 

Su condena de un año y siete meses de prisión fue dictada en conformidad en 2014 y unos años después uno de los agentes acudió a la Justicia solicitando la rehabilitación para poder reincorporarse a la Policía Nacional, algo que acaba de rechazar el Tribunal Supremo. Los jueces de lo contencioso entienden que gracias a su actuación esa noche "la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado se vio seriamente afectada" y certifican la retirada definitiva de la placa.

Perdón ante notario

El Tribunal Supremo, con la magistrada Celsa Pico como ponente, recoge y rechaza las alegaciones del exagente de Policía Nacional: que reconoció los hechos, pagó la indemnización antes del juicio, tiene nueve felicitaciones en su expediente y no tiene más antecedentes penales. La víctima, explicaba, le perdonó delante de un notario en 2016 y él pedía que se le adjudicase un puesto de trabajo y se le acreditase en nómina.

La sala de lo contencioso-administrativo rechaza su recurso y su petición de recuperar la placa. Explican los jueces que "el delito de detención ilegal fue doloso, tuvo lugar en la vía pública, trascendiendo a los viandantes o conductores que circulaban" y que todas sus alegaciones exculpatorias "no son factores suficientes para enervar el perjuicio al servicio público derivado del delito. La imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado se vio seriamente afectada".

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La sentencia de 2014 impuso a ambos agentes en conformidad un año y siete meses de prisión por un delito de detención ilegal y una multa por una falta de lesiones. El Consejo de Ministros decidió en noviembre de 2018 que no le concedía la rehabilitación en una resolución ahora confirmada por el Supremo.