La Fiscalía insiste en el archivo de la investigación de las obras en la sede de Podemos

La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la Audiencia Provincial la confirmación del auto de archivo provisional del juez Juan José Escalonilla en la causa que investiga la reforma de la sede de Podemos en el marco del 'Caso Neurona'. El escrito de la Fiscalía responde al recurso de apelación de la acusación particular representada por PROLEGE que pide reactivar el asunto an base a las acusaciones del exabogado y denunciante, José Manuel Calvente.

En su declaración Calvente sostenía que las obras se habían adjudicado "a dedo", incumpliendo la normativa interna del partido y con una diferencia de precio de 649.000 hasta 1,3 millones de euros. El juez practicó una batería de diligencias, entre ellas, tomó declaración a los responsables de las empresas que habían llevado a cabo las obras de reforma así como al arquitecto y los responsables de contratación del partido.

La Fiscalía insiste en que los testigos interrogados "han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecucion, desfase por otro lado frecuente en laejecución de las obras".

Por todo ello, no aprecia "ningún indicio" sobre la existencia de un delito de administración desleal y falsedad documental. Es más, el propio arquitecto declaró que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron mejoras.

Reproche a la acusación

La Fiscalía señala la incongruencia de que Prolege se interese más por los intereses de Podemos que la propia formación. Y añade "no deja de extrañar que quien ejerce la acusación popular" - la asociación de juristas PROLEGE - "en este procedimiento en el que figura como investigado el partido político Podemos vele por los intereses del propio partido al considerarlo como perjudicado en su patrominio cuando ni el propio perjudicado se considera como tal".

También señala que ya se practicaron diligencias e informes periciales para acreditar la inexistencia de la administración desleal a fin de comprobar que los precios se ajustaban al los de mercado. El único fin del recursos es "mantener la investigación a estos hechos" de una supuesta "confabulación entre el partido, los gerentes, el arquitecto y los contratistas para fijar unos precios superior al de mercado cuando todos ellos han declarado bajo juramento o promesa de decir verdad que eran los propios de mercado y que incluso pueden considerarse ajustados".