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LA CAJA B DEL PP | DOLORES DE COSPEDAL

Cospedal: "Si había caja b era de Bárcenas, no del PP"

La exsecretaria general del PP alega además que el PP hizo una "auditoría" para desacreditar los papeles del extesorero que jamás presentó ante la justicia

Francisco Álvarez Cascos afirma que el PP acabó con el amaño de adjudicaciones pero la Audiencia Nacional ha condenado a los trabajadores de una entidad que dependía de su ministerio por concesiones ilícitas a la Gürtel

La declaración de María Dolores de Cospedal. / Audiencia Nacional

Madrid

La exministra y exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se ha ceñido este martes al guion seguido por el resto de exaltos cargos de esta formación política, que han comparecido como testigos en el juicio por los usos de la caja b del PP.

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Como el resto y aunque el tribunal de la Gürtel ya calificó como inveraces estas declaraciones en el juicio por la primera época de la trama, Cospedal ha negado que percibiera sobresueldos, que intermediara para aportar donaciones de empresarios al partido o el conocimiento de la caja B.

La exsecretaria general ha manifestado, que de existir esa contabilidad paralela "sería de él" en referencia a Bárcenas, y "no del Partido Popular". Su aseveración ha provocado el asombro del letrado que en ese instante dirigía el interrogatorio, Virgilio Latorre, quien le ha espetado si acaso el extesorero pagaba de su bolsillo los sobresueldos que cobraban los dirigentes.

Una "auditoría interna" que no existió

En varias fases de su comparecencia, María Dolores de Cospedal también ha alardeado de que el PP encargó "una auditoría interna" para comprobar que esos papeles de Bárcenas no existieron y que no hubo sobresueldos o donaciones ilegales. Pero tal "auditoría" jamás existió. Se trató tan solo de un documento de ocho páginas al que ha accedido la SER, elaborado el 2 de febrero de 2013, solo unos días después de la publicación de los papeles de Bárcenas por el diario 'El País'. Ese documento está repleto de informaciones genéricas, sin dato o nombre alguno y sin autoría, y simplemente niega la existencia de la caja b y ensalza las saneadas cuentas del PP. Ese hecho entra en contradicción además con el ERE que el partido tuvo que ejecutar poco después para sus trabajadores, y con la propia venta de la sede central anunciada por Pablo Casado.

A preguntas del abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, la exsecretaria general ha acabado reconociendo que "no fue una auditoría propiamente dicha" y que ese documento no fue presentado ante la justicia en descargo del PP, que iba a sentarse en el banquillo como responsable civil subsidiario, y hubiera necesitado de pruebas de esas características para desmentir la existencia de la caja B ante el tribunal. El letrado también ha recordado a Cospedal que ni siquiera tuvo acceso al documento el jefe de la Auditoría Interna del PP, Carlo Lucca Mignani.

Cascos y la realidad de la contratación pública

Por su parte, el exministro de Fomento y exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, ha negado también el cobro de sobresueldos, conocimiento alguno de la contabilidad paralela o las anotaciones que indican que él mismo ejerció como recaudador de fondos entre empresarios para esa caja negra del partido.

Cascos ha dicho sentirse "muy orgulloso" de haber formado parte de los gobiernos de Aznar que según ha dicho, acabaron con la posibilidad de amañar las adjudicaciones públicas. Pero su afirmación no se compadece con la realidad, porque siendo ministro de Fomento, la empresa pública AENA, que dependía de su ministerio, adjudicó contratos de forma ilícita vulnerando las reglas a la trama Gürtel, a cambio de mordidas y regalos, según la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a cinco años de cárcel tanto al director de Comunicación de AENA entre 2000 y 2002, Ángel López de la Mota, como a su subordinado, José María Matarí. La sentencia estableció que se enriquecieron "ilícitamente con cargo a fondos públicos, mediante contratos celebrados entre AENA y sociedades" de Francisco Correa, "con vulneración de la normativa administrativa".

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