La Abogacía del Estado evita pronunciarse sobre los indultos del procés porque "corresponde al Gobierno"
En el informe al Supremo el organismo dependiente del Gobierno señala que "no corresponde a la Abogacía del Estado manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto"
Su informe es necesario para avanzar en la tramitación del indulto a los presos del procés
La Fiscalía informó en contra en su informe alegando falta de arrepentimiento
Imagen de archivo del juicio a los líderes del procés catalán / Getty images
La Abogacía del Estado ha remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el último informe que necesita recabar el alto tribunal para deliberar sobre si informa a favor o se opone a los indultos de los condenados por el procés. En el escrito, confirma que en relación a los procedimientos del Tribunal de Cuentas los condenados por el alto tribunal han afianzado las Actas de Liquidación provisionales con las fianzas impuestas por malversación en la causa del 1 de octubre y las políticas de acción exterior, entre otras partidas presuntamente malversadas y pendientes de juicio en el organismo fiscalizador.
La documentación se ha incorporado al expediente de indulto, señala, y evita pronunciarse a favor o en contra de manera explícita. "No corresponde a la Abogacía del Estado, en cuanto órgano de la propia Administración General del Estado, manifestarse sobre la convenciencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia" manifiesta. Es más, en caso de hacerlo, podría entenderse "que con ello se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete".
La Abogacía del Estado delimita su parte como organismo y parte perjudicada en cuanto a los posibles perjuicios a la Hacienda Pública que se habrían producido "en relación a los acontecimientos ocurridos en Cataluña entre julio y octubre de 2017".
Por tanto, "el informe sobre el indulto que se adjunta solo analiza la situación de los cuatro condenados por el mencionado delito de malversación", en este caso, afecta a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Y quedan fuera del informe quienes fueron absueltos en el Supremo del delito de malversación, es decir, Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila y Meritxell Borrás y Carles Mundó.
En este sentido, confirma que "ha quedado garantizada, no como pago sino en concepto de garantía de un futuro procedimiento contable la cantidad de 4,1 millones de euros".
