El juez de Púnica archiva la causa contra Cristina Cifuentes por los contratos de la Asamblea de Madrid

El juez García Castellón entiende que no hay indicios de que la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes incurrier en delitos de prevaricación o cohecho en la adjudicación al empresario Arturo Fernández de los contratos de cafetería y cocinas de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011, y archiva el caso para ambos y para la letrada de la institución, Tatiana Recorder.

El juez también exculpa a Cifuentes de la supuesta trama de financiación ilegal del PP madrileño, al considerar que no ha quedado acreditado que participara en la gestión económica de la fundación Fundescam, al parecer empleada por la formación política para canalizar donativos ilícitos. Afirma el magistrado que sostener que Cifuentes conocía la trama de donaciones a través de Fundescam, en la que “no ostentó cargo alguno”, se basa en una “mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente”.

El hecho de que Cifuentes no ostentara cargos en la fundación lleva al juez a desvincularla de la financiación ilícita porque entiende que no pudo tener conocimiento de las donaciones de Arturo Fernández a través de Fundescam y por tanto, no se puede vincular la adjudicación de los contratos con esos donativos.

El juez García Castellón también desestima que Cifuentes participara en la financiación del partido a través de la empresa de publicidad SWAT, a la que distintas administraciones gobernadas por el PP facturaban dinero por servicios no prestados que luego liberaban para gastos electorales del partido. Dice el juez en su escrito que la imputación solo fue sustentada en las manifestaciones de la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, que "resultan contrarias" a las de Cifuentes y a las realizadas por el empresario Juan Miguel Madoz, quien negó haberse reunido con la expresidenta, en contra de las manifestaciones realizadas por Gallego.