El juez imputa a Cifuentes, Aguirre y González por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar como investigados por presunta financiación ilegal a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid, todos ellos del Partido Popular: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. La citación, por un presunto delito de corrupción, se produce en el marco de la pieza número 9 del caso Púnica que investiga el desvío de fondos a la caja B del PP en la Comunidad de Madrid.

Los expresidentes madrileños han sido citados a declarar el día 1 de octubre en el caso de Cristina Cifuentes, el día 17 lo hará Ignacio González y el día 18 del mismo mes en el caso de Esperanza Aguirre.

También tomará declaración a numerosos empresarios cuyas firmas, supuestamente, estuvieron relacionadas con la financiación ilegal. Entre ellos, a quien fuera presidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa, Javier Monzón, quien comparecerá el 4 de octubre. En relación a esta decisión judicial, el sistema de gobierno corporativo de PRISA contempla estas situaciones y el Consejo de Administración aplicará en todo momento lo previsto en su Reglamento y la legislación aplicable.

Los investigadores creen que los dirigentes del Partido Popular se sirvieron de empresas, una fundación y hasta de dinero público para financiar de forma irregular todas las campañas de Aguirre a la presidencia de la Comunidad desde 2003 y hasta unos comicios de Rajoy a la presidencia.

El magistrado ha tomado la decisión después de recibir el escrito, de 75 páginas, de las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá en el que solicitaban estas imputaciones. García-Castellón da por buenos los argumentos de las fiscales y de los sucesivos informes de la Guardia Civil que señalan a Esperanza Aguirre no solo como beneficiaria de la caja B del PP en sus sucesivas campañas electorales, sino también como conocedora e instigadora del flujo de donaciones opacas y desvío de fondos al Partido Popular de Madrid.

Financiación de campañas

La imputación de Aguirre tiene como objetivo aclarar e investigar su papel en la financiación de las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que presidía a los populares madrileños. Los agentes sitúan a la expresidenta en reuniones clave en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a donantes del partido. Es el caso del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, en las campañas de 2003 y 2007. El ejecutivo de Aguirre llegó a modificar varias normas autonómicas, en concreto la de Publicidad y Comunicación, para facilitar la contratación de este empresario. Fue González, vicepresidente de Aguirre, quien daba luz verde a las contrataciones de distintas Consejerías a través de la mesa que presidía.

Indra, donante irregular

Además de los tres expresidentes madrileños del Partido Popular, el juez cita a declarar al expresidente de Indra entre 1993 y 2015, Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo de PRISA, otros dos ejecutivos de esta firma y a la propia sociedad como persona jurídica. Según la UCO, Indra abonó supuestamente 566.497 euros a una firma que asesoró al PP madrileño en las campañas electorales de 2007 y 2011 por servicios no prestados.

Según los agentes de la UCO, en el informe que entregaron al juez el pasado 29 de mayo sobre la "canalización de Indra Sistemas S.A. solicitados por altos cargos del Partido Popular en Madrid", los fondos fueron transferidos a la consultora Swat SL, firma que asesoró al PP madrileño en las campañas de 2007 y 2011. Los investigadores destacan que Indra Sistemas "no ha podido facilitar evidencias ni soporte documental de los servicios prestados y facturados". Un operativo de desvío de fondos que se organizó en distintas reuniones en la Puerta del Sol y en la sede de Swat. "A las reuniones llegaron a asistir alguna vez Francisco Granados y Esperanza Aguirre", según los agentes.

De este modo, concluye el informe, "los fondos aportados por INDRA a petición de altos cargos de la CAM habría servido para retribuir los trabajos que dicho entramado había prestado para el PP de Madrid, sirviéndose de la empresa pública ICM". Indra también es objeto de investigación en el caso Lezo, la otra macrocausa que investiga la financiación de la formación conservadora en Madrid.