El caso de fraude fiscal que "ha celebrado sus bodas de plata" antes de ser sentenciado en firme

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de Marcial Gómez Sequeira, accionista mayoritario de Sanitas hasta finales de los ochenta, por ocultar al fisco el dinero que ganó con la venta de la compañía hace ahora treinta años. Los jueces rebajan ligeramente las multas pero aumentan el dinero que debe pagar a Hacienda hasta 4,2 millones de euros en total: rebajan las condenas por los 25 años, "las bodas de plata", que según el Supremo el proceso ha tardado en ser sentenciado en firme.

Gómez Sequeria, expresidente de Sanitas, se sentó en el banquillo acusado de no declarar a Hacienda la plusvalía de más de nueve mil millones de pesetas que ganó en 1988 y que ni él ni su esposa declararon al fisco. Ese ocultamiento se tradujo en un primer delito fiscal en 1990 y un segundo ilícito en 1992 tras la venta de Sanitas a BUPA International, multinacional británica.

Un juzgado de Alcobendas incoó las primeras diligencias de investigación en 1996 y los investigadores concluyeron que Sanitas fue vendida a través de una sociedad pantalla llamada "Basfin" a través de otra sociedad llamada "Investwhite" con el objetivo de que todas estas ganancias millonarias no pasaran por las manos de la Hacienda Pública. La sentencia condenatoria llegó doce años más tarde y ahora el Supremo ha matizado sus condenas económicas, bajando las multas pero aumentando sustancialmente el dinero que deben pagar a las arcas del Estado como indemnización.

El Supremo ha sustituido sus condenas de un mes de arresto mayor por multas de 601 euros, ha bajado las multas de 260.000 euros a 155.000 euros y ha aumentado la indemnización a Hacienda de 287.000 euros a 4,2 millones de euros. El Supremo rebaja las sanciones económicas por "lo desmedido" de los retrasos en el proceso judicial que arrancó hace ahora 25 años, una situación que los jueces describen como una "situación realmente insólita". 

Dilaciones con "bodas de plata"

El Supremo, con el magistrado Antonio del Moral como ponente, dedica parte de su sentencia a analizar los más de 25 años que la Justicia ha tardado en sentenciar el caso en firme desde que se abrieron las primeras diligencias de investigación en un juzgado de la localidad madrileña de Alcobendas. Se ha dictado sentencia firme "casi treinta años después de su comisión (comienzos de la década de los noventa) y a mes de febrero de dos mil veintiuno (hemos cambiado de siglo), los hechos penden aún de una respuesta jurisdiccional definitiva. El procedimiento se incoó en 1995. Hace más de veinticinco años: ha celebrado sus bodas de plata mientras se tramitaba la casación".

Explica la resolución que "si en un caso como éste no se reconoce a las dilaciones indebidas cualificadas potencialidad para una doble degradación, jamás podrán tener esa eficacia que, sin embargo, es una posibilidad legal y por tanto, algo a evaluar y barajar". Es la razón por la que los jueces rebajan las sanciones económicas y sustituyen las condenas de arresto mayor por sendas multas de 601 euros.