El Gobierno plantea un nuevo sistema de autónomos con cuotas que van de los 90 a los 1.220 euros al mes

Madrid

La negociación para reformar el sistema de pensiones continúa entre Gobierno y agentes sociales, y sindicatos y empresarios tienen ya sobre la mesa una última propuesta del ministerio de Inclusión para tratar de propiciar un acuerdo de forma inminente. Este último borrador -al que ha tenido acceso la Cadena SER- incluye una novedad sobre los anteriores: las cifras del nuevo sistema de cotización de los autónomos, para que este colectivo aporte en función de sus ingresos reales. Hasta ahora, Seguridad Social sólo había revelado que quiere poner en marcha un sistema con 13 tramos de ingresos; ahora plantea cuáles son esos tramos, y cuánto tendrán que pagar.

El diseño del Gobierno plantea un tramo mínimo (de los que ganan 3.000 al año o menos), uno máximo (los que ganan 48.800 euros anuales), y el resto, enmedio. En un primer momento, cuando empiece a ponerse en marcha el sistema en 2023, los cinco primeros tramos (que comprenden a todos los autónomos con rendimientos inferiores a 22.000 euros anuales) pagarían cuotas inferiores a la mínima actual, que es de 288 euros al mes: Seguridad Social propone para ellos aportaciones de entre 200 y 275 euros al mes. El resto de tramos pagaría más, hasta llegar en el tramo máximo a 400 euros mensuales. Pero cuando el sistema esté completamente desplegado (para lo que se plantea un periodo de 9 años) las cotizaciones se abrirán en abanico y oscilarán entre los 90 euros mensuales (para los autónomos que ganan menos de 3.000 euros anuales) hasta los 1.220 euros mensuales, para los que ingresan más de 48.800 euros anuales).

Jubilaciones anticipadas

La propuesta de Seguridad Social a los agentes sociales incluye novedades también en otros aspectos que llevan meses en la mesa de negociación. Por ejemplo, en materia de jubilaciones anticipadas, se aborda finalmente la cuestión de los trabajadores que cobran mucho (y tienen acceso por tanto a la pensión máxima) y que al retirarse antes de la edad legal sufren una penalización mucho menor que la de trabajadores con menos ingresos. El ministerio plantea que esa penalización pase del 4% actual (para los que se jubilan dos años antes de la edad legal, con la pensión máxima) a los coeficientes que sufren el resto de trabajadores (entre el 13% y el 21% de penalización) pero a lo largo de un periodo transitorio de doce años, con subidas graduales, para que los trabajadores próximos a la edad de retiro que ya contaban con jubilarse anticipadamente no sufran un revés muy severo en sus expectativas de cobro. La jubilación anticipada involuntaria (la que afecta a las personas que se retiran antes por estar desempleadas) se retoca también, pero para rebajar las penalizaciones.

Con el objetivo también de mantener a los trabajadores durante más tiempo trabajando, se quieren prohibir las jubilaciones forzosas para menores de 68 años, salvo en aquellos sectores en los que estén recogidas en los convenios colectivos correspondientes, pero sólo durante la vigencia de los mismos. También se plantea reducir un 75% las contingencias comunes empresariales por los trabajadores mayores de 62 años en situación de incapacidad temporal.

Separación de fuentes

El texto remitido por el ministerio de Inclusión también propone un nuevo paso en la llamada "separación de fuentes": la asunción por parte del Estado de gastos que venía pagando hasta ahora la Seguridad Social. A los 13.929 millones que ya han absorbido los Presupuestos Generales del Estado en 2021, se les añadirán otros 8.647 millones de conceptos que está abonando impropiamente el sistema de pensiones.

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El Gobierno plantea además que en el plazo de tres meses desde la aprobación de la reforma se desarrolle reglamentariamente la cotización de los becarios, para que las prácticas formativas, las prácticas no laborales y las prácticas académicas supongan el encaje de las personas que las realicen en el Sistema de Seguridad Social, aunque no tengan carácter remunerado.

El resto de materias incluidas en el documento (nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones conforme al IPC, incentivos a la jubilación demorada...) no presentan novedades respecto a etapas más tempranas de la negociación.

La negociación entre ministerio de Inclusión y agentes sociales se ha acelerado en los últimos días, y según fuentes conocedoras del diálogo un acuerdo es posible en poco tiempo. Hasta ahora, los puntos más controvertidos eran los referidos a las jubilaciones forzosas, las jubilaciones anticipadas, y la derogación del Factor de Sostenibilidad (previsto en la reforma de 2013 pero suspendido hasta 2023, que estaba pensado para reducir las pensiones iniciales a medida que aumentase la esperanza de vida).