El Congreso aprueba casi por unanimidad la Ley de protección a la infancia, con el único voto en contra de Vox

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves casi por unanimidad, la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los menores que migran solos y el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, entre otras medidas. Casi todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo este jueves 20 de mayo a la Ley y se han felicitado por ella, excepto Vox, que la ha denominado «Ley Herodes». La norma ha contado con 297 votos a favor, los 52 en contra de Vox y cero abstenciones. La cámara ha culminado la votación con un aplauso. Así, una vez que la norma se publique en el BOE y entre en vigor, «cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad» y «no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas». En cuanto a la prohibición del uso de contención mecánica de las personas menores de edad, entendida como la sujeción a una cama articulada o a un objeto fijo, en los centros de protección a la infancia y la adolescencia. Además, la Cámara Alta también incorporó la obligación de requerir la «autorización expresa de los progenitores» para difundir la imagen de un menor fallecido, con el objetivo de evitar casos como el de Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre. La madre del pequeño denunció el uso «cruel» de la imagen de su hijo después de haber fallecido. Asimismo, se acordó que, en los casos en que un menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial, se practique la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la revictimización del menor), y que la autoridad judicial pueda acordar que la audiencia del menor se practique a través de «equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar». Igualmente, se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños y niñas en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan. Además, la norma elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia. Estas medidas, junto con el retraso de la prescripción de los abusos a menores, se incorporaron a su paso por el Congreso, en el que se incluyeron 200 de las 600 enmiendas parciales presentadas al texto del Ejecutivo. Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, y que fue bautizado por el entonces exvicepresidente Pablo Iglesias como «Ley Rhodes» -por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia-, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato. Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del «coordinador de bienestar y protección» que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying (acoso escolar), así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet. La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Tras la intervención de la diputada del Partido Popular María de la O Redondo , quien ha manifestado su preocupación por la falta de dotación presupuestaria de la ley, la ministra de Derechos Sociales le ha trasladado «tranquilidad» y ha precisado que en la memoria económica de la ley están previstos «más de 70 millones de euros para que se pueda desplegar al máximo». Belarra ha calificado la ley de infancia que se aprobará este jueves de «hito», ha dicho que supone «un antes y un después» en la protección de los derechos de la infancia y ha asegurado que pone a España «a la vanguardia» internacional en esta materia. «Es un día en que podemos sentirnos muy orgullosas de nuestro país porque estamos haciendo política de verdad, política con mayúsculas», ha enfatizado. Entre las mejoras introducidas en el texto durante su tramitación en el Senado, Belarra ha destacado la prohibición de los desnudos integrales para determinar la edad de los menores migrantes, «en función del tamaño de su pecho, de los genitales o del vello púbico». Según ha indicado Belarra, esta práctica que ha dejado «estupefactos» a los ciudadanos, quedará prohibida a partir de la entrada en vigor de la ley. Otra novedad, según ha señalado, es la prohibición del uso de contención mecánica en los centros para menores, algo que provocó la muerte de Ilias Tahiri, que falleció en 2019 después de haber sido inmovilizado con sujeciones mecánicas en un centro para menores infractores de Almería. «Por Ilias y por todos los niños, esto no pasará nunca más», ha subrayado Belarra. También ha agradecido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, presente en el hemiciclo, su colaboración para introducir en la ley la perspectiva de género. Asimismo, ha destacado algunas mejoras incluidas en el texto en relación con la violencia machista. En concreto, ha puesto de relieve la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia machista. «Un maltratador jamás será un buen padre», ha exclamado la ministra de Derechos Sociales. Belarra también ha subrayado la importancia de la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia, para escuchar las propuestas de los menores de cara a la elaboración de las políticas que les afectan. En este punto, se ha dirigido a los niños, niñas y adolescentes que viven en España. «Esta ley es vuestra, no os pido que la defendéis a ultranza. Sed críticos, evaluados y decidnos qué falta», les ha pedido.

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