La Audiencia Nacional imputa a Repsol y Caixabank por cohecho y revelación de secretos en el caso Villarejo
Cita a ambas empresas el próximo 26 de julio por el supuesto encargo al comisario José Manuel Villarejo para que espiase al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, con el objetivo de evitar que tomase el control de Repsol
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar en calidad de imputadas en la operación Tándem a las empresas Repsol y Caixabank, mientras que aún no se ha pronunciado respecto a la tercera solicitud, Iberdrola Renovables, porque forma parte de otra pieza de la causa y requerirá de un escrito y razonamiento distintos.
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En su auto, el juez recuerda que tal y como estableció la reforma legal de 2010 que permite la imputación de las personas jurídicas, para poder atribuir una responsabilidad penal a las compañías, es exigible que el delito sea cometido en beneficio directo o indirecto de la entidad.
Y aparentemente, este fue el caso, porque las facturas emitidas por Villarejo en ejecución de los trabajos de espionaje, “en todo momento” fueron llevados a cabo “en nombre y por cuenta” de las empresas, que pretendían sofocar el intento de Luis del Rivero, junto al de la petrolera Pemex, por hacerse con el control del consejo de administración de Repsol.
El juez también aprecia dudas sobre la legalidad de la contratación de Villarejo, aducida por Repsol y Caixabank. Ambas explicaron al juzgado que estaban convencidas de la licitud de la contratación del comisario jubilado en tareas de “seguridad privada”. Pero tal y como recuerda el magistrado, la firma de Villarejo, Cenyt, nunca estuvo habilitada para estos cometidos y ambas compañías investigadas jamás comprobaron este extremo. Un hecho “especialmente llamativo” para García Castellón, habida cuenta de que los jefes de seguridad de Repsol y Caixabank que contrataron a Villarejo, habían sido altos cargos de distintas unidades en la Policía Nacional.
El juez concluye que la falta de diligencia debida de esta dos compañías, con incidencia en el resultado delictivo investigado exige “cuanto menos” que ambas entidades “expliquen en sede judicial” por qué pudo producirse esta situación.