Lunes, 26 de Julio de 2021

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El estado de excepción elimina más derechos y libertades constitucionales

La sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el estado de alarma, obligará en un futuro a acudir al estado de excepción y según la ley que lo regula, permitirá a la "autoridad gubernativa" detener durante 10 días a cualquier ciudadano con meras sospechas o expulsar a extranjeros sin que medie un juez

Vocales del Tribunal Constitucional consultados por la SER muestran su "estupor" por la "deriva" de la mayoría conservadora que adopta posiciones "profundamente antigubernamentales", con un "deslizamiento hacia Vox"

La Gran Vía de Madrid, en mayo de 2020, durante el estado de alarma.

La Gran Vía de Madrid, en mayo de 2020, durante el estado de alarma. / GETTY IMAGES

Por seis votos a cinco, el pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado este miércoles la ponencia presentada por el magistrado Pedro González-Trevijano, en la que se argumenta que el confinamiento de todos los ciudadanos fue una auténtica suspensión del derecho fundamental a la circulación, y que para ello debió optarse por el estado de excepción, que requiere debate previo del parlamento, y no por el estado de alarma, que a juicio de la mayoría no sirve para este supuesto.

Con esta sentencia, en caso de una futura pandemia o agravamiento de la presente, España deberá acudir al estado de excepción para seguir las recomendaciones de la OMS sobre limitación de la movilidad, lo que supone derogar muchos más derechos y libertades que con el estado de alarma, tal y como viene regulado en la Ley 4/81.

Facultades de la “autoridad gubernativa” para eliminar derechos

El estado de excepción permitirá a la “autoridad gubernativa” la detención durante 10 días de cualquier ciudadano sin mandato judicial, siempre que exista una “sospecha fundada” de que pretenda alterar el orden público.

También autoriza al Gobierno para la expulsión de extranjeros sin que hayan cometido delitos ni supervisión de un juez. Solo será necesario que contravengan las “normas que se adopten” o la autoridad gubernativa concluya que actúen en connivencia con los “perturbadores” del orden público.

El Estado de Excepción también faculta a la misma autoridad y deja a su arbitrio, la suspensión de ejercicio de cualquier cargo de la administración pública que haya alentado la alteración del orden público, y permite la intervención de industrias o comercios que puedan coadyuvar la alteración del orden, así como la suspensión de actividad de los mismos y el cierre de salas de espectáculos, locales de bebidas y similares.

Además, un juez, “oído el fiscal”, podrá ordenar la prisión provisional de un ciudadano del que se sospeche que ha alterado el orden público, durante la vigencia de la medida excepcional. El estado de excepción siempre requiere de una autorización previa del Congreso de los Diputados, pero una vez aprobado, las anteriores son facultades de la “autoridad gubernativa” recogidas en la ley que podrá aplicar de manera discrecional.

El Congreso también puede aprobar la derogación de otros derechos fundamentales

Además de éstas, el Congreso puede autorizar la eliminación temporal durante 30 días prorrogables a un mes más, de otros derechos y libertades como la intervención de comunicaciones sin orden judicial, entrar en cualquier domicilio y registrarlo sin orden de un juez, el secuestro de publicaciones y cierre de medios de comunicación, o la derogación de los derechos de reunión, manifestación y huelga entre otros.

El Gobierno pierde inmediatez y puede traducirse en “más contagios y muertes”

Vocales progresistas han lamentado en el pleno que con esta sentencia, el gobierno “no podrá reaccionar de manera inmediata” ante una solicitud de confinamiento por parte de la OMS en caso de nueva pandemia o agravamiento de la actual, lo que se traducirá en “más contagios y muertes”.

Argumentan que la necesidad de que el estado de excepción sea aprobado por el parlamento, se traducirá en una pérdida de tiempo “precioso” que jugará “a favor de la pandemia”. Porque la complejidad del debate debido a la gran cantidad de derechos constitucionales en colusión, puede prolongar en exceso la autorización definitiva.

Los vocales conservadores han relativizado esta advertencia y consideran que el Congreso puede ser ágil si se lo propone. El pleno ha transcurrido con tensión, la vicepresidenta, Encarnación Roca, ha denunciado “presiones” de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que según ha manifestado en la sesión, la ha telefoneado.

La mayoría conservadora se “desliza hacia Vox”

Vocales del pleno consultados por la SER han denunciado la “deriva” de la mayoría conservadora, que adopta “posiciones profundamente antigubernamentales”, incluso “deslizándose hacia Vox”. Porque no es la primera vez que aceptan parcialmente uno de sus recursos, cuando en este caso incluso estaba en duda su legitimidad para presentarlo debido a que aprobó la prórroga del primer estado de alarma.

El tribunal ya falló a su favor cuando esta formación política denunció que el Gobierno concedía el control del CNI al vicepresidente Pablo Iglesias por colocarle en una comisión parlamentaria que solo ejerce funciones burocráticas, se reúne cada 6 meses y jamás ha controlado al Centro Nacional de Inteligencia.

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